Los ERE avanzan: en septiembre se juzgarán otras tres piezas por ayudas con exconsejeros entre los acusados

Los ERE seguirán dando que hablar durante este mes de septiembre. Otras tres piezas de la macrocausa se juzgarán en la Audiencia Provincial de Sevilla en las próximas semanas, y en el banquillo de los acusados se sentarán varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía socialista, entre ellos algunos exconsejeros ya condenados en la llamada 'pieza política' de los ERE.

En la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla se reanuda este lunes el juicio por las ayudas que por importe de 2.340.137,38 euros recibió la empresa sevillana Surcolor-Surcolor Óptica en 2006 y en las que fueron incluidos dos 'intrusos', uno de ellos concuñado del que entonces delegado territorial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. La vista oral se prolongará hasta el próximo 27 de noviembre.

El proceso se dirige contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero del mismo ramo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo Antonio Rivas, pesando en el juicio la muerte de Guerrero, en octubre de 2020, y el hecho de que Fernández y Barberá cumplen actualmente pena de cárcel por su condena por malversación en la 'pieza política'.

En el banquillo de los acusados se sentarán también el exsindicalista de UGT y conseguidor de los ERE, Juan Lanzas; un testaferro de éste, Juan Francisco Algarín; dos directivos de la consultora Vitalia, que gestionó la póliza; un abogado; dos responsables de Surcolor, Manuel Rafael Castilla Bustamante y Antonio Manuel Bustamante León; un representante sindical de la empresa, un abogado y los dos intrusos.

En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción relata que los responsables de Surcolor contactaron con un letrado «para iniciar la tramitación» de un nuevo ERE, así como con Juan Lanzas «como persona que le pudiera facilitar la búsqueda de fondos públicos de la Junta para atender los pagos que se derivarían de la extinción de los contratos laborales de la plantilla y que eran obligación de las empresas».

«Para conseguir los fondos públicos necesarios para hacer frente a las obligaciones de estas empresas por la extinción de las relaciones laborales», Juan Lanzas contactó con Antonio Rivas y Francisco Javier Guerrero, «facilitándole a este último los importes de las indemnizaciones por despido de los 24 trabajadores que se verían afectados por la extinción». Finalmente, Vitalia elaboró dos estudios de renta con una cuota total a pagar de 2,7 millones, de los cuales la Junta pagaría 2,3 millones.

En la fase de cuestiones previas, el fiscal pidió apartar de la causa a Antonio Fernández, Agustín Barberá y Juan Márquez, tras la sentencia del Tribunal Supremo resolutoria de los recursos de casación planteados contra la sentencia inicial de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que condena a los mismos y a otros ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán; ya que «incluye todas las disposiciones de fondos públicos realizadas por los acusados».

Sin embargo, la Audiencia de Sevilla ha rechazado excluir de la pieza a los tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía al entender que las ayudas individuales «no fueron el objeto de enjuiciamiento en el procedimiento específico ni se presentó acusación por tal cosa».

Primer juicio sólo contra empresarios

Por otro lado, en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla se celebrará el juicio por el préstamo de 384.841,65 euros concedido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), perteneciente a la Junta de Andalucía, a la empresa EDM Séneca SA, supuestamente sin cumplir el procedimiento legal ni el destino para el que fueron concedidos esos fondos públicos de la partida presupuestaria 31L, el llamado 'fondo de reptiles', con el que fueron financiados los ERE fraudulentos.

En este caso, en el banquillo se sentarán sólo dos responsables de la empresa, toda vez que la Audiencia de Sevilla excluyó de la pieza en julio de 2020 a cuatro ex altos cargos de la Junta socialista, pese a su implicación, en aplicación del principio non bis in idem, que impide castigar a una persona dos veces por la comisión de los mismos hechos.

En concreto, el tribunal ordenó el sobreseimiento libre de las actuaciones contra el ex director general de Trabajo Juan Márquez, el exdirector de IDEA Jacinto Cañete y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y también archivó la causa contra Bienvenido Martínez, exdirector de Inversiones de IDEA. Será, pues, el primer juicio de la macrocausa de los ERE en el que no habrá ex altos cargos de la Junta de Andalucía entre los acusados, aunque sí comparecerán como testigos.

La vista oral dará comienzo el próximo 18 de septiembre y terminará ya en octubre, cuando está previsto que el caso quede visto para sentencia, tras la exposición de los informes de conclusiones de la defensa.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de tres años y medio de cárcel y ocho años y tres meses de inhabilitación para los dos únicos acusados, como cooperadores necesarios –en su condición de extraneus– de los delitos de prevaricación en concurso media con el de malversación de caudales públicos. También solicita que reintegren a la Junta de Andalucía el importe de la ayuda (384.841,65 euros) más los intereses legales.

Otros 75.000 euros en ayudas

Por último, en la Sección Primera se celebrará el 28 de septiembre el juicio por las ayudas que por importe de 75.000 euros recibió la empresa Plantas y Flores Castejón SL, con cargo al 'fondo de reptiles'. Este procedimiento también se dirige exclusivamente contra el empresario (y su empresa), dado que se acordó no tener como investigados en la causa al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero del mismo ramo Agustín Barberá y el exdirector general de Trabajo Juan Márquez.

El empresario se enfrenta a tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y a un año y seis meses menos un día de prisión y tres años de inhabilitación absoluta como cooperador necesario de delitos de prevaricación administrativa y malversación. Además, en caso de condena, deberá indemnizar a la Junta de Andalucía con el reintegro del importe de la ayudas (75.000 euros) más los intereses legales.