La deuda del Gobierno con Andalucía: más de 12.000 millones de financiación y decenas de obras hidráulicas

El Gobierno de España está en deuda con Andalucía. En concreto, tiene cuentas pendientes en lo referente a la financiación autonómica, así como con otras comunidades, y sobre todo en materia de infraestructuras hidráulicas, un déficit que lastra especialmente a Andalucía debido a la sequía que padece.

Por un lado, Andalucía dejará de recibir por parte del Gobierno central más de 12.000 millones de euros desde el año 2009 hasta 2023, según los últimos datos de liquidación del Sistema de Financiación Autonómica publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Las últimas cifras hechas públicas por el Ministerio corresponden a 2021, ya que la liquidación definitiva se realiza por norma con dos años de retardo, y arrojan una infrafinanciación anual de 1.079 millones de euros (atendiendo a la población ajustada) y una cifra acumulada de 10.073 millones menos entre 2009 y 2021.

Así pues, si sumamos los más de 2.000 millones de euros que no han llegado en los años 2022 y 2023, Andalucía ha recibido 12.000 millones de euros menos de lo que le corresponde, según deducen desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía.

La infrafinanciación andaluza respecto a la media de las comunidades autónomas de régimen común es de 130 euros menos por habitante, teniendo en cuenta la población ajustada, y de 186 euros menos en el caso de que se tome como referencia la población de derecho. En términos de índice de financiación, Andalucía está al 95,53 con respecto a la media nacional en términos de habitante ajustado. Por tanto, a Andalucía le separan cerca de cinco puntos para alcanzar la media nacional.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha insistido recientemente en que esta «grave infrafinanciación» repercute en los servicios para los ciudadanos y obliga a la Administración autonómica a asumir como suyas partidas económicas que no le corresponden.

Además, el Gobierno central no ha compensado a las comunidades infrafinanciadas con un fondo de nivelación transitorio, tal como se ha solicitado desde Andalucía y otras autonomías de régimen común que reciben menos financiación de la que les corresponde, como es el caso de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.

De interés general del Estado

Por otro lado, Andalucía arrastra un déficit muy importante de infraestructuras hidráulicas cuya ejecución corresponde al Gobierno de España, como aquellas declaradas de interés general del Estado en la ley del trasvase de 2018, con el objetivo de transferir 19,99 hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras hasta la del Guadalquivir.

En concreto, el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, la presa de Pedro Arco, la terminación de la presa de Alcolea, el canal de Trigueros y la ampliación de los bombeos de Bocachanza son fundamentales para los regadíos de la Corona Norte de Doñana y el mantenimiento del propio acuífero.

Pero no son las únicas. También están pendientes de ejecución la totalidad de las conducciones de la presa de Rules, en Granada, y las de la presa de Siles, en Jaén, o la desaladora de la Axarquía y la ampliación y reforma de la desaladora de la Costa del Sol Occidental, en Málaga, entre otras.

No obstante, el Gobierno de Juanma Moreno también debe completar aún la ejecución de varias obras declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma, como el aumento de capacidad de regulación de los depósitos del sistema Huelva o la mejora de la garantía de abastecimiento a los municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, así como obras de abastecimiento al Poniente Almeriense o a la Sierra Morena sevillana.