La razón por la que Juanma Moreno ha frenado la aprobación de la ley de regadíos de la Corona Norte de Doñana

La reunión se forjó la semana pasada; sin embargo, la Junta de Andalucía no informó del encuentro que finalmente mantuvo este martes el presidente Juanma Moreno con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Palacio de San Telmo. No estaba en la agenda institucional del Gobierno andaluz, pero sí en la del Gobierno de España, que avisó del mismo para sorpresa de muchos.

El Gobierno de España había supeditado esta reunión entre Moreno y la ministra Ribera a la retirada de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana en el Parlamento andaluz. Una exigencia que no se materializó para que se diera el encuentro, que la Junta de Andalucía sólo anunció cuando lo hizo el Gobierno de España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, sólo se pronunció al respecto a preguntas de los periodistas, pese a la relevancia de la «reunión de trabajo», y excusó la tardanza del anuncio alegando que no se había cerrado antes el encuentro por parte de la Junta.

«En principio no hay nada que anunciar», afirmó Fernández-Pacheco. Nada más lejos de la realidad. Moreno anunció horas más tarde un acuerdo con la ministra Ribera para aplazar un mes el debate final de la proposición de ley de regadíos, justo en la víspera de que se incluyera para su aprobación, asegurada gracias la mayoría absoluta del PP, en el orden del día del pleno del Parlamento andaluz que se celebrará la semana que viene.

De esta forma, el presidente de la Junta de Andalucía ha satisfecho parcialmente las exigencias del Gobierno de Pedro Sánchez y de los grupos de oposición de izquierdas del Parlamento andaluz, que han venido reclamando de forma insistente su retirada. Pero ¿por qué lo ha hecho?, ¿por qué Juanma Moreno ha frenado la aprobación de la ley de regadíos de la Corona Norte de Doñana?

La amenaza de inconstitucionalidad

Moreno dijo en rueda de prensa que daba este paso en pro del diálogo con el Gobierno de España, tras meses de enfrentamiento político –con elecciones de por medio– respecto a esta iniciativa, en los que el Gobierno de España había amenazado con recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional (TC) si se aprobaba en sus términos actuales, por supuestamente poner en riesgo el acuífero de Doñana.

No obstante, la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad no produce, por regla general, la suspensión automática de una ley, a menos que el presidente del Gobierno la recurra con fuerza de ley de una comunidad autónoma y solicite expresamente en la demanda la suspensión de su vigencia y aplicación. En este caso, el TC ha de ratificar o levantar la suspensión en un plazo no superior a cinco meses.

Además, en el supuesto de que la ley se aprobara ahora, la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de recurrir la ley tendría lugar estando en funciones, por lo que la presentación del recurso tendría que realizarse «por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique», según el artículo 21 de la Ley del Gobierno.

Amenazas de sanción y veto

Más allá de la amenaza de inconstitucionalidad, sobre la proposición de ley de regadíos se ciernen otras amenazas, provenientes de organismos supranacionales. He aquí el quid de la cuestión, la razón fundamental de que Juanma Moreno haya frenado esta iniciativa en el Parlamento andaluz, en consonancia con el Gobierno de España.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España en junio de 2021 por las extracciones «desmesuradas de agua subterránea» en el Parque Nacional de Doñana, vinculadas principalmente a la agricultura de regadío que se practica en el Condado de Huelva, declarando que nuestro país había incumplido la obligación de aplicar la normativa europea del agua y que «no estaba evitando el deterioro de los hábitats protegidos en varios espacios Natura 2000 de Doñana».

Así, la directora de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, advirtió por carta a las autoridades españolas el pasado 21 de marzo de que si salía adelante la proposición de ley del PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, se produciría una «flagrante violación» de la sentencia condenatoria, amenazando a España con sanciones millonarias.

En este punto, cabe señalar que la ley de regadíos no otorgaría derechos de agua (ello es competencia de las administraciones hidrográficas), sino que permitiría recalificar los regadíos que fueron declarados no aptos en el llamado Plan de la Fresa de 2014 según una planimetría de 2004. Sería el primer paso para poder optar al agua superficial que llegue gracias al trasvase que se comprometió a ejecutar el Gobierno de Sánchez.

Por su parte, la Unesco ha advertido a España de que la ley de regadíos «podría poner en peligro» el reconocimiento del Parque Nacional de Doñana como patrimonio de la humanidad, debido a que la iniciativa es contraria a la solicitud del Comité del Patrimonio Mundial para que continúe la implementación urgente del Plan de la Fresa.

Ahora, ante estas amenazas, Juanma Moreno y la ministra Teresa Ribera se han dado un mes de plazo para encontrar una solución consensuada para salvaguardar el acuífero de Doñana y, a la vez, garantizar el sustento de miles de familias de agricultores del Condado de Huelva. Si no llegan a un acuerdo, la ley de regadíos se aprobaría de una vez por todas a finales de este mes de octubre.