El Gobierno andaluz estudia recuperar el impuesto de patrimonio tras la sentencia del TC contra Madrid

El Gobierno de Juanma Moreno estudia recuperar el impuesto de patrimonio después que la Comunidad de Madrid haya hecho lo propio a raíz de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara su recurso contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, creado por el Ejecutivo central como respuesta, precisamente, a la supresión del gravamen patrimonial en Andalucía.

La Junta de Andalucía podría dar el paso de recuperar el impuesto de patrimonio si el Constitucional se pronuncia respecto a su recurso en el mismo sentido que lo ha hecho con el de la Comunidad de Madrid, algo muy probable, ya que ambos se han fundamentado en lo mismo, en una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal que, a la postre, el TC ha negado.

La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, ha defendido este lunes la decisión que tomó su Gobierno de suprimir el impuesto de patrimonio en Andalucía, en septiembre de 2022. «Entendíamos que era un impuesto injusto, que no existe en ningún otro país de la Unión Europea», con el añadido de que, desde un punto de vista económico, «ahuyentaba la inversión y el ahorro», ha afirmado.

No obstante, ha advertido de que mientras esté vigente el impuesto a las grandes fortunas, «lo que se recaude de Andalucía, al final va para las arcas del Gobierno». La Comunidad de Madrid ha recuperado el impuesto de patrimonio para evitar precisamente esto y destinará los ingresos a nuevas rebajas fiscales, un planteamiento que también podría seguir la Junta de Andalucía en caso de que el TC avale el impuesto a las grandes fortunas frente a su recursos.

La sentencia del TC contra Madrid

El Tribunal Constitucional desestimó la semana pasada el recurso de la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los tres millones de euros, en una sentencia de la que fue ponente la magistrada progresista María Luisa Balaguer Callejón que rechazó todas las impugnaciones planteadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Madrid defendía en su impugnación que el impuesto a las grandes fortunas vulnera, entre otros, los principios de seguridad jurídica, capacidad económica y no confiscatoriedad, así como la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, Balaguer sostenía que no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal y subrayaba que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales.