El 'chófer de la coca' expone los vicios del PSOE en Andalucía: pagos bajo cuerda, drogas y derroche

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla dejó este jueves visto para sentencia el juicio contra Juan Francisco Trujillo, el llamado 'chófer de la coca', por las ayudas de los ERE que le concedió el que fuera su jefe, Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, alto cargo socialista en tiempos de Manuel Chaves. La pieza ha puesto de manifiesto los vicios que durante años desarrolló el PSOE en Andalucía.

Trujillo recibió casi 1,5 millones de euros en ayudas con cargo a la famosa partida presupuestaria 31L, el llamado 'fondo de reptiles', a través de empresas sin actividad de su propiedad, para pagar en gran parte los vicios que compartía con su jefe. Los fondos se concedieron al margen del procedimiento legal, por supuesto. El chófer de Guerrero reconoció haber pagado grandes cantidades de dinero público en cocaína, fiestas y artículos de lujo.

Los gastos en cocaína, así como en prostíbulos (véase el caso Faffe), forman parte de la etapa más negra del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. Trujillo, uno de los protagonistas de los ERE, junto con su jefe, al figurar como imputados en muchas de las piezas de la macrocausa, ha confesado que gastaba hasta 25.000 euros al mes en cocaína, sustancia que consumían él y su jefe «a cualquier hora».

Uno de sus camellos, a quien Trujillo compró droga hasta en cuatro ocasiones, fue contratado por la consultora Vitalia gracias a su amistad con Guerrero, pese a ser cocinero de profesión y no tener «ni idea» del trabajo. Este camello, llamado como testigo en el juicio, reconocía haber sido adicto a la cocaína y haberla consumido «en alguna ocasión» con su amigo Guerrero.

El 'chófer de la coca' le pagaba la droga al amigo de Guerrero en billetes de 500 euros e incluso llegó a proponerle viajar a Sudamérica para comprar estupefacientes. En una ocasión le compró hasta 20 gramos de cocaína y en otra le preguntó si podía llevarle diez gramos a una fiesta en el hotel Alfonso XIII, en Sevilla, pero fue en vano, porque el camello «no tenía dinero para tanta droga».

Artículos de lujo

Trujillo y Guerrero gastaron la mayor parte de las ayudas en cocaína. De hecho, compraban este estupefaciente cada tres o cuatro días y consumían entre cinco y diez gramos al día. Sin embargo, no sólo de drogas vivían. El chófer le dio entre 60.000 y 80.000 euros en metálico y regalos como cuadros, relojes, un piano, ropa valorada en unos 2.000 euros y móviles que costaban unos 1.000 euros. Se los entregaba directamente en la casa que tenía Guerrero en El Pedroso (Sevilla), su pueblo natal.

Además, el 'chófer de la coca' le prestó 24.000 euros a su esposa para la compra de una finca. La mujer, procesada en esta pieza como supuesta beneficiaria a título lucrativo de esos fondos públicos, ha sostenido que le devolvió el dinero. Sin embargo, el fiscal advierte en su informe final de que «no ha quedado acreditada dicha devolución», dada la «complejidad» del entramado económico orquestado por el matrimonio.

Dos folios y a cobrar

Esta pieza también ha puesto de manifiesto cómo funcionaba la trama de las ayudas de los ERE. En diciembre de 2011, la Policía registró el domicilio del 'chófer de la coca' en Andújar (Jaén) en busca de la documentación de unas ayudas por importe de 900.000 euros que le había concedido la Dirección General de Trabajo a través de dos empresas a su nombre. Trujillo explicó a los agentes que no existía ningún expediente porque «eso no funcionaba así», según el policía que testificó en el juicio.

Francisco Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020 tras haber sido condenado por prevaricación y malversación en la pieza política de la macrocausa, donde también fueron condenados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, rellenaba lo que estimaba conveniente en uno o dos folios y, ala, a cobrar. Así concedía las ayudas el ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía.

De esta forma, Guerrero y su chófer decidieron que Isidoro Ruz Espigares, administrador de una de las empresas del segundo y también acusado en la pieza, presentara un proyecto para el emplazamiento de una granja avícola en demanda de una subvención de 450.000 euros, cantidad que recibió bajo cuerda la sociedad Ave Nueva. Dicho proyecto nunca vio la luz.

Uno o dos folios de Guerrero bastaban para recibir una ayuda de los ERE

Estas ayudas se concedieron en 2004 y 2005. El fiscal ha apreciado dilaciones indebidas en la tramitación de la causa y ha rebajado de 14 a diez años y tres meses de cárcel su petición para Juan Francisco Trujillo, que también se enfrenta al pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros a la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación y malversación. También pide seis años y tres meses de prisión para Isidoro Ruz Espigares y seis años para el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín.

En el uso de su última palabra, el 'chófer de la coca' reclamó al tribunal la suspensión de las penas por la atenuante; su «colaboración con la justicia», pese a intentar retrasar de nuevo el juicio solicitando cambiar de abogado de oficio en la primera sesión, y el «sufrimiento y acoso» que aseguraba haber sufrido por unos hechos de los que se declara culpable. La Audiencia de Sevilla decidirá en qué queda toda esta trama de pagos bajo cuerda, drogas y derroche.