Comienza el juicio contra UGT en Andalucía por defraudar 41 millones de los parados

«UGT institucionalizó el fraude las subvenciones». Son palabras de la Fiscalía en el inicio del juicio que se celebra desde este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra la antigua cúpula del sindicato en Andalucía por la trama de las facturas falsas, que supuso un perjuicio económico para las arcas de la Junta entre 2009 y 2013 de 41 millones de euros, según el Ministerio Público.

Durante esta primera sesión del juicio han sido abordadas las cuestiones previas de las partes del procedimiento judicial, que son la Fiscalía, la Junta y el PP andaluz como acusaciones y las defensas de los acusados, que son el ex vicesecretario de Organización y ex secretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A, Federico Fresneda; la ex secretaria de Gestión Económica, María Chapín; la ex responsable del departamento de Compras de UGT-A, Dolores Sánchez; el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados S.L., Enrique Goicoechea, y diez personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban.

Tiempo atrás, el juez instructor Juan José Vélez decretó el sobreseimiento de las actuaciones respecto al ex secretario general del sindicato Manuel Pastrana, dada su «situación de incapacidad sobrevenida», así como con relación a otras siete personas.

Según el Juzgado de Instrucción número 9, encargado de investigar el asunto, entre 2009 y 2013, mediaron «procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores, a fin de que de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias», incurriendo en ello en «la aplicación de los fondos recibidos a través de subvenciones públicas a unos fines distintos al destino que dichos fondos deberían haber tenido», que eran «la práctica de acciones formativas, a personal ocupado y desocupado».

«En la consecución de aquellos fines fraudulentos de financiación era precisa la implicación de sociedades que, como proveedores, facilitaran la infraestructura documental y contable que permitiera obtener fondos destinados a formación, para poder desviarlos, con el fin de sostener los gastos corrientes del sindicato», explicaba el juez instructor, según el cual «el cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros».

Filtraciones

Al respecto, el fiscal Anticorrupción Fernando Soto se ha opuesto a las cuestiones previas esgrimidas por la mayoría de las defensas, que han alegado la supuesta nulidad de todo lo actuado que derivase de las filtraciones a la prensa del exempleado de UGT Andalucía Roberto Alejandro Macías Chaves por haber «sustraído» documentación del sindicato y ser condenado por ello, y han denunciado también una supuesta investigación «inquisitorial y desproporcional» que habría vulnerado derechos.

En ese sentido, el representante del Ministerio Público ha descartado que pese nulidad alguna, defendiendo el papel probatorio de los materiales intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus registros domiciliarios y el disco duro de toda la contabilidad del sindicato depositado por UGT-A en una notaría. Además, ha negado cualquier carácter «viciado o caprichoso» de la investigación.

El fiscal ha aseverado que de las actuaciones, se desprende que UGT-A «solicitaba que sus proveedores falseasen las facturas para engañar a la Junta»; exponiendo que antes de las órdenes judiciales, las propias diligencias de la UCO protagonizaron un «salto cualitativo» al revelar que el asunto superaba «las cien o 22 facturas falsas» para conformar todo un «sistema» en toda regla.

El «bote» de UGT

El sindicato, según el fiscal Fernando Soto, «institucionalizó el fraude y lo pacto con sus proveedores», con lo que no se trataba de «facturas aisladas». Al punto, ha llamado la atención respecto a que lo que la UCO calificaba como «depósito financiero» era denominado como «el bote» por la propia UGT Andalucía, a cuyos antiguos directivos ha acusado de «defraudar masivamente a la Junta» mediante este sistema.

La defensa de UGT Andalucía, desplegada por el letrado José María Calero, quien ha defendido al expresidente andaluz José Antonio Griñán en el caso ERE, se ha adherido a las «graves vulneraciones de derechos y de las garantías procesales» alegadas por las defensas de los acusados individuales.

A continuación, ha asegurado que en este asunto «una causa completamente administrativa se ha transformado en penal». «Se ha criminalizado una cuestión estrictamente administrativa», ha expuesto el abogado defensor del sindicato.

Especialmente, Calero ha negado que el sindicato deba responder como responsable civil subsidiario, enarbolando para ello el «acuerdo de voluntades» firmado en 2022 entre UGT Andalucía y la Junta de Andalucía, para fraccionar los reintegros solicitados por la Administración andaluza al sindicato.

Asegurando que dicho acuerdo alcanzaría la cuantía de 70 millones de euros, la defensa de UGT-A, que ha solicitado la comparecencia testifical del presidente de la Junta, el 'popular' Juanma Moreno, entre otros, ha esgrimido así la «satisfacción extraprocesal» de las cuantías aludidas en esta causa.

«La finalidad del acuerdo impide pensar que hubiesen quedado pendientes 40 millones», ha razonado José María Calero, argumentando que de ser así, «UGT Andalucía no habría firmado» entonces el citado convenio con la Junta de Andalucía. Y es que, según ha narrado, UGT Andalucía negoció dicho acuerdo con la Junta, para eludir caer en concurso de acreedores. «La UGT estaba abocada a la extinción si no se tomaba una decisión», ha dicho respecto al acuerdo de 2022.