Juanma Moreno no testificará en el juicio por las facturas falsas de UGT en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no declarará como testigo en el juicio contra la antigua cúpula de UGT-A por la trama de las facturas falsas. La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que desestima la petición del sindicato, que está sentado en el banquillo como responsable civil subsidiario de un presunto fraude de más de 40 millones de euros de subvenciones públicas.

Además, el tribunal ha rechazado que carezca de sentido la responsabilidad civil del sindicato por el simple hecho del acuerdo alcanzado con la Junta para el pago en 25 años de las cantidades no justificadas o defraudadas de las ayudas para cursos de formación.

La mayoría de las defensas de los acusados solicitaban en las cuestiones previas la nulidad de la causa, bajo la premisa de que la misma nace de «una documentación sustraída» e «ilícitamente obtenida» por el que fuera trabajador de UGT Roberto Alejandro Macías Chaves, condenado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos por filtrar a medios de comunicación «información reservada y sensible» del sindicato sobre estos hechos pero no a las autoridades policiales y judiciales.

También alegaban supuestas vulneraciones de derechos y de las garantías procesales por una instrucción «inquisitorial y desproporcionada» por parte de la juez Mercedes Alaya, a la que acusan de acometer una investigación «prácticamente ilimitada» sobre el sindicato con un prolongado secreto de sumario que habría afectado a las posibilidades de defensa de los afectados.

El acuerdo sobre el pago de la deuda

A la hora de responder a estas cuestiones previas, la Audiencia de Sevilla pospone a la emisión de la sentencia su decisión sobre la «repercusión» o no en esta causa de la condena impuesta Roberto Alejandro Macías Chaves, así como sobre el alegado «proceso inquisitorial» o sobre la posible nulidad de los autos de intervención telefónica, entradas y registros y grabación de conversaciones, por una supuesta «falta de motivación y proporcionalidad».

Sí responde ya a la cuestión previa de UGT Andalucía, exponiendo que «el acuerdo alegado» con el Gobierno de Juanma Moreno para el fraccionamiento del pago en 25 años de la deuda por reintegro de las cantidades no justificadas o defraudadas de las subvenciones recibidas para cursos de formación «no implica el pago de la deuda reclamada en este procedimiento de forma principal a los acusados y subsidiaria a la UGT».

Menos aún, según el tribunal, «cuando se condiciona su cuantía a lo que resulte de los expedientes de reintegro incoados por la Administración y cuya reclamación es impugnada por dicha entidad sindical y que, según informa el Letrado de la Junta, algunos están paralizados a su instancia».

La Audiencia precisa que esta decisión «armoniza con el principio de preferencia de la jurisdicción penal y el de interdicción de la doble sanción que conlleva el deber de la Administración de no tramitar o suspender el procedimiento sancionador por hechos que puedan ser constitutivos de delito y no al contrario como solicita la defensa», y recuerda que UGT-A «sólo respondería civilmente en el caso de que los acusados, de ser condenados, no lo hicieran».

Además, el tribunal no accede a las pruebas testificales solicitadas por UGT-A, entre ellas la de la comparecencia de Juanma Moreno, «por considerarla innecesaria para la resolución de la causa y porque el acuerdo [de UGT con la Junta] no se niega».