El 'chófer de la coca' del PSOE andaluz, a la cárcel por gastar el dinero de los ERE en drogas y fiestas

La Audiencia de Sevilla ha condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel a Juan Francisco Trujillo, el llamado 'chófer de la coca' del PSOE andaluz, por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial en una pieza separada del caso ERE.

En una sentencia notificada hoy martes a las partes personadas, la Sección Primera condena a Trujillo como cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación, en calidad de extraneus y con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y la atenuante analógica de confesión, condenándole a tres años de cárcel y penas adicionales de inhabilitación para empleo o cargo público.

Estas penas responden a las ayudas por valor de más de 1,3 millones que concedió a Juan Francisco Trujillo el que fuera su jefe, Francisco Javier Guerrero, cuando comandaba la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, en tiempos de Manuel Chaves.

En paralelo, respecto a la suscripción «fraudulenta» de las pólizas de seguros a favor de su propia madre, sin que ella fuera consciente de ello, el tribunal lo condena por un delito de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de prevaricación y a su vez en concurso con un delito de malversación, en los dos últimos como cooperador necesario en calidad de extraneus, con las mismas atenuantes ya mencionadas, y le impone un año y nueve meses más de cárcel, así como otras penas adicionales de inhabilitación para empleo o cargo público y una multa de 540 euros.

Por el contrario, el tribunal lo absuelve del delito de tráfico de influencias porque «no es posible definir con éxito una situación de influencia del acusado sobre Guerrero que admita su encaje» en este delito. Para los magistrados, «no existió una presión moral o influencia de Juan Francisco Trujillo sobre Guerrero que pudiera haber sido soportada por la especial relación de confianza que ambos mantenían a raíz de la prestación continuada por Juan Francisco de funciones como conductor».

Las empresas de Trujillo

La Sección Primera de la Audiencia declara como hechos probados que la sociedad Lógica Estratégica Empresarial, creada en 2003 por Trujillo, recibió 450.000 euros asignados por Guerrero «sin que mediara solicitud alguna de la representación de la sociedad ni expediente administrativo, con omisión de modo total y absoluto del procedimiento legalmente establecido y sin que ostentara competencia legal» para ello el entonces director general de Trabajo.

Además, el relato de hechos probados declara que también en 2003, el acusado constituyó la sociedad Iniciativas Turísticas Sierra Morena ―él ostentaba el 96 % del capital social, y el restante, su mujer― y que, «de nuevo, sin que presentara solicitud alguna ni se tramitara expediente administrativo, omitiéndose de modo total y absoluto el procedimiento legalmente establecido», y «sin que ostentara competencia legal», Guerrero concedió 450.000 euros a dicha sociedad.

Ya en una tercera ocasión, según los magistrados, Trujillo se «concertó» con Guerrero y el también acusado en esta causa Isidoro Ruiz Espigares, «para conseguir un enriquecimiento propio mediante la obtención de una subvención destinada presuntamente a financiar el emplazamiento de una granja avícola, según un proyecto que presentaría» Isidoro Ruiz.

Así, en 2004, Guerrero concedió otros 450.000 euros a la sociedad Ave Nueva, creada por Isidoro Ruiz, una vez más «sin que se presentara solicitud alguna» por este último acusado y «sin que se tramitara expediente administrativo, con omisión de modo total y absoluto del procedimiento legal».

De esta forma, Isidoro Ruiz resulta condenado a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, así como a un año y cuatro meses de cárcel y tres años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, siempre en calidad de cooperador.

Trujillo, según la Audiencia, disponía de «la totalidad de los fondos allegados a las cuentas bancarias de las tres entidades y utilizó los respectivos importes para fines diferentes de los que, en su caso, se expresaban en los correspondientes proyectos de inversión presentados para justificar la concesión de las ayudas».

Regalos y cocaína

Más al detalle, el 'chófer de la coca' dedicó parte del dinero «a la compra de bienes inmuebles», así como «al pago de necesidades particulares de Guerrero, que incluían consumiciones en restaurantes y establecimientos de ocio», además de droga y entregas de dinero «en metálico» en favor del propio director de Trabajo.

La Audiencia declara también probado que en 2007, Trujillo y Guerrero «decidieron apropiarse del importe correspondiente a las prestaciones de unas pólizas de seguros a suscribir como ayuda sociolaboral, mediante la inclusión como asegurada y beneficiaria de una tercera persona», en este caso la madre del chófer, «ajena a la maniobra».

Firmas falsificadas

Para ello, según la sentencia condenatoria, contaron con la participación del que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, ya condenado por la pieza relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco). Las pólizas, según el tribunal, incluyeron firmas falsificadas por Trujillo, toda vez que Albarracín «conocía que la señora sería suplantada en la suscripción de la operación», gracias a la cual los condenados se hicieron 125.028 euros de los fondos autonómicos.

Dado el caso, el tribunal impone a Albarracín cuatro meses de cárcel y multa de 720 euros por falsedad; dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación y un año de prisión y dos años de inhabilitación absoluta por malversación.

En materia de responsabilidad civil, el tribunal condena a Trujillo a indemnizar a la Junta con 900.000 euros por las dos primeras ayudas recibidas de manos de Guerrero, mientras junto a Isidoro Ruiz habrá de indemnizar a la Administración con 450.000 euros de la tercera ayuda.

Además, la esposa de Trujillo, Juana Gallego, resulta condenada, junto con los dos anteriores, como partícipe a título lucrativo, a pagar a la Junta 24.000 euros que le transfirió su esposo de estos fondos. Por su parte, Trujillo y Albarracín son condenados a indemnizar a la Junta con 125.028 euros.

En su última palabra en el juicio, Juan Francisco Trujillo defendía que había «colaborado con la justicia» y que, al haber sido condenado ya por tres delitos fiscales respecto a las ayudas en cuestión, había afrontado «33 meses» de prisión, con el cumplimiento efectivo de «siete meses en preventiva y 12 meses de trabajos en beneficio de la comunidad».