Los agricultores de Jaén rechazan la declaración del olivar como Patrimonio Mundial: «Puede ser la ruina»

«Esta declaración puede ser la ruina para nuestra economía y el hundimiento de Porcuna», han afirmado los agricultores de la campiña jiennense ante la posible declaración del olivar como Patrimonio Mundial, y han insistido en la «gran opacidad» de la Diputación en referencia a las obligaciones que tendrían los propietarios de las fincas para asegurar la protección del bien.

Y es que la candidatura, que impulsa la Diputación con el respaldo de administraciones y entidades locales y autonómicas, divide a la provincia. De momento, ha superado la evaluación formal por parte del Centro de Patrimonio Mundial con el fin de que la Asamblea General de la Unesco debata en 2025 su inscripción en la lista de bienes reconocidos.

Pero los agricultores de Porcuna, Lopera y Arjona han expresado su «rechazo» en una reunión en el Cine Teatro María Bellido de Porcuna con el objetivo de «lograr la unión de los agricultores porcunenses, loperanos y arjoneros contra la designación».

Han denunciado que como propietarios no han recibido «ningún tipo de comunicación oficial respecto a las obligaciones» que tendrían en el caso de que la declaración prosperara. «Hace unos meses solicitaron a la Diputación de Jaén una charla explicativa sobre el proyecto», pero la Administración provincial «se negó».

Si la designación como Patrimonio Mundial fructificara, los pequeños propietarios de las fincas perderemos poder sobre ellasAgricultores de la Campiña de Jaén

Sin consentimiento de los propietarios

En este punto, han recalcado que «el término municipal de Porcuna es el que aporta más terreno a la candidatura», con en torno al 40 por ciento del total. «De las 15.711,52 hectáreas propuestas divididas en 14 zonas de seis provincias andaluzas, 6.715,11 hectáreas pertenecen a los términos de las tres localidades jiennenses, aunque la gran mayoría son de Porcuna», han detallado.

Los agricultores han lamentado que desconocen cómo se gestionarían a partir de entonces cuestiones clave como la conservación, mantenimiento y custodia; obligatoriedad de realizar las obras de conservación que estime la consejería correspondiente con posibles multas en caso de la no realización; el derecho de expropiación en caso de que la administración considere que se incumplen las obligaciones contraídas o la obligación de comunicar a la Junta cualquier obra o intervención en las fincas.

Además, han criticado que ya expusieron que se había «incluido las fincas en la candidatura sin el consentimiento de los propietarios, que no habían sido informados según la legislación vigente para la información pública de proyectos, planes y programas».

A ello sumaban «que se sentían menospreciados por no ser partícipes del proceso de toma de decisiones», pese a ser «los principales avalistas y conocedores de la realidad y necesidades de los bienes a declarar Patrimonio Inmaterial de la Humanidad».

«Si la designación como Patrimonio Mundial fructificara, los pequeños propietarios de las fincas perderemos poder sobre ellas y, además, su valor caerá en picado», han manifestado.