Ataque preventivo de Juanma Moreno contra el plan del Gobierno para la vuelta de empresas a Cataluña

Dicen que la mejor defensa es un buen ataque, y bajo la premisa de la defensa de los intereses de Andalucía y la libertad de empresa, el Gobierno de Juanma Moreno está preparando una ofensiva contra el plan del Ejecutivo de Pedro Sánchez para favorecer la vuelta a Cataluña de las empresas que emigraron a otros puntos de España tras el golpe de Estado que supuso el llamado procés catalán en 2017.

La Junta de Andalucía, a instancias de una proposición no de ley recién presentada por el Grupo Popular en el Parlamento autonómico, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad y cuantas medidas en el ámbito judicial sean necesarias contra cualquier iniciativa del Gobierno central que atente contra la igualdad, la libre competencia y la libertad de empresa «con medidas que puedan privilegiar el trasvase de empresas de unos territorios en favor de otros».

En su iniciativa, los populares piden el apoyo del Parlamento andaluz, donde ostentan mayoría absoluta, a la libertad de empresa y la iniciativa privada como principales motores de generación de empleo y bienestar, así como su rechazo a que el Gobierno de Sánchez apruebe sanciones o beneficios fiscales cuya finalidad sea «incentivar que empresas trasladen su domicilio social desde cualquier comunidad a Cataluña», favoreciendo a un territorio en perjuicio del resto.

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP andaluz recuerda que el pasado 10 de enero Junts «aseguró haber acordado con el PSOE su abstención en la votación de 3 decretos del Gobierno a cambio de modificar la ley de sociedades para facilitar la vuelta a Cataluña de las empresas que libremente decidieron salir de esta comunidad autónoma por la incertidumbre e inestabilidad que supuso el 'procés', afirmando que defienden que las empresas que vuelvan tengan incentivos y que, aquellas que no lo hagan, sean sancionadas».

Para el Grupo Popular de Andalucía, este tipo de propuestas «rompen la igualdad entre españoles y entre territorios como ya ocurre con sus propuestas en financiación, además de ser contraria a la competencia entre empresas y a su derecho a establecerse donde quieran».

Además, la aprobación de este tipo de medidas es un «inconcebible ejercicio de extorsión que tendría negativas consecuencias en la economía y el empleo para la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de un claro menoscabo al derecho a la libertad de empresa y de establecimiento, al principio de igualdad y a la libre competencia, incompatible todo ello también con el Derecho comunitario», según los populares.

Éxodo de empresas

El Grupo Popular de Andalucía señala que, desde el año 2017, más de 7.700 empresas han trasladado su domicilio social a otras comunidades, siendo alrededor de 750 las empresas «que han desplazado su sede social de Cataluña a Andalucía, huyendo de la deriva secesionista, de la inestabilidad y de la inseguridad jurídica instaurada desde el propio gobierno autonómico y provocada por la declaración unilateral de independencia y todas las actuaciones derivadas del 'procés'».

Esta iniciativa parlamentaria del PP andaluz supone un ataque preventivo a la par que una advertencia al Gobierno de España a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra cualquier ley o medida que suponga un privilegio para Cataluña, y se debatirá en plena precampaña de las elecciones catalanas, que tendrán lugar el próximo 12 de mayo.