Juzgan al exlíder de UGT de Andalucía acusado de un fraude de 41 millones en los cursos de formación

El ex secretario general de UGT en Andalucía Francisco Fernández Sevilla ha comparecido este lunes como acusado en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla en la antigua cúpula de la organización sindical por el presunto fraude de 41 millones de euros de fondos públicos para la formación de los parados andaluces; un fraude que ha negado en todo momento.

En su comparecencia, Fernández Sevilla, que sólo ha accedido a responder a las preguntas de su defensa y del tribunal, ha explicado que el supuesto «bote» de dinero reunido por la antigua cúpula de UGT-A para sus gastos propios, gracias al excedente de la presunta práctica de imputar a las subvenciones de la Junta de Andalucía para cursos de formación facturas supuestamente infladas por los proveedores previo concierto con el sindicato, no era «nada raro», sino que era un mecanismo de «funcionamiento interno» para el «día a día» de las relaciones con los proveedores, al objeto de que cuadrasen las cuentas con los mismos. «Aquí no hay ni trampa ni cartón», ha añadido.

El exlíder de UGT en Andalucía ha manifestado así que supo del término de «bote» a raíz de las filtraciones del antiguo empleado del sindicato Roberto Alejandro Macías a los medios de comunicación, por las cuales éste fue condenado por relevación de secretos, y ha denunciado que en las publicaciones circuló mucha «información sesgada» fruto de la documentación que Macías «sacó» de UGT y difundió en función de sus «intereses» personales, al no haber «entendido» su despido en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) acometido por el sindicato a cuenta de su situación.

Una «película» contra UGT

Así, Fernández Sevilla ha avisado de que, como consecuencia de tales filtraciones, habría sido orquestada una «película» contra UGT-A, y ha pasado la patata caliente a la Junta de Andalucía entonces gobernada por el PSOE, la cual habría dado su «OK» a las justificaciones presentadas por el sindicato respecto al gasto de las subvenciones autonómicas. En este sentido, ha remarcado obtuvieron incluso la «felicitación» del Gobierno andaluz de entonces por cómo estaban siendo impartidos los cursos de formación.

En cualquier caso, ha asegurado que él no dio ninguna «instrucción» a la plantilla sobre cómo justificar las ayudas, porque no era su competencia y cada miembro de la comisión ejecutiva del sindicato tenía una «responsabilidad» sobre su área concreta de gestión.

Fernández Sevilla también ha defendido los descuentos o «rápel» que las empresas proveedoras de UGT Andalucía hacían al sindicato por determinados «volúmenes» de compra durante periodos concretos, descuentos que no eran comunicados al órgano gestor de la fiscalización de las ayudas autonómicas sobre las que se sustentaban los gastos, o sea la Junta, extremo que ha sido constatado a lo largo del juicio.