La madre de Gabriel Cruz encara una batalla judicial contra un documental donde participa Ana Julia Quezada

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha anunciado este sábado que va a emprender una serie de acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental relacionado con el caso de su hijo, el cual contaría con la participación directa de su asesina pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).

«Le diría a Ana Julia Quezada, que, por respeto a su padre y a la memoria de Gabriel no lo haga», ha manifestado la madre del pequeño en una de las pocas ocasiones en las que durante su comparecencia, en la que ha estado acompañada de su psicólogo, Francisco Martín Murcia, ha nombrado a la mujer que acabó con la vida de su hijo, a la que pediría que «no vuelva a ponerse un micrófono» para hablar del caso que tuvo lugar hace ya seis años ya que, de lo contrario, volverán a denunciarla por lesiones y un presunto delito contra la integridad moral.

Visiblemente afectada ante una nueva comparecencia pública, Patricia Ramírez ha explicado que cuenta con indicios suficientes para saber que durante los últimos meses una productora, cuyo nombre ha declinado revelar, estaría preparando un true crime y para ello habría conseguido entrevistas con Ana Julia Quezada, con dos encuentros incluso durante la última semana, según ha advertido, pese a sus intentos por denunciar dicha situación tras haberla puesto en conocimiento del Ministerio del Interior y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

La madre del Pescaíto ha especificado que las querellas que se van a interponer en los próximos días por un presunto delito de cohecho se dirigirán tanto a funcionarios de prisiones, que habrían facilitado esas entrevistas «sin permiso» de sus superioridad, y otras personas relacionadas con la presa «fuera de la cárcel», así como contra la propia Ana Julia Quezada e Instituciones Penitenciarias, de manera subsidiaria.

Patricia Ramírez ha asegurado ha tratado, en calidad de víctima, contactar con el juez de Vigilancia Penitenciaria para hacerle llegar las «irregularidades» sobre lo que ocurre en prisión, ya que, según ha afirmado, la interna incluso tendría en su poder un teléfono móvil que facilitaría determinadas grabaciones, así como sobre la responsabilidad civil que aún no está resuelta y que asciende, en total, a medio millón de euros a favor de los padres.

Además de esa cascada de querellas, Patricia Ramírez también ha detallado que ha pedido la solicitud de asistencia al Congreso y al Senado, toda vez que ha informado a Interior de sus iniciativas por lo que confía en que «paralicen esta situación que jamás debería haberse dado».