Miembros de la 'marea verde', en una protesta por la educación pública a las puertas del Parlamento andaluzJoaquín Corchero | Europa Press

Andalucía

La 'marea verde' echa un pulso a Moreno: ¿hay motivos para una huelga en la educación andaluza?

Los sindicatos exigen al Gobierno andaluz una ampliación de la plantilla docente y la bajada de la ratio en las aulas

Un total de 108.000 maestros y profesores de la educación pública de Andalucía están llamados a secundar la huelga convocada para este martes por los sindicatos ANPE, Ustea y Comisiones Obreras (CC. OO.). Entre las exigencias que plantean los sindicatos destacan la ampliación de la plantilla y la bajada de la ratio. Se trata de todo un pulso al Gobierno de Juanma Moreno, que tendió la mano a la marea verde para atender sus reivindicaciones.

Ante esta convocatoria, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asegurado en una entrevista en Canal Sur Radio que «no hay motivos de peso» para esta huelga. De hecho, en la educación pública andaluza hay 7.000 docentes más que hace cinco años, pese a tener 90.000 alumnos menos.

Sobre las retribuciones, «los docentes andaluces eran los peor pagados de España y ahora están por encima de la media salarial de España», ha defendido Del Pozo, para quien la plantilla es ahora «la más amplia, la mejor pagada y la más estable de la historia».

En cuanto a la media de alumnos por clase, en el 44 % de las aulas –sólo de la pública y sin contabilizar la escuela rural– de Infantil y Primaria, la ratio está por debajo de los 20 alumnos. En el caso de Secundaria, el 92 % de las aulas están por debajo de los 30 estudiantes que fija la ley. «Son motivos para seguir trabajando», ha señalado la consejera.

Por el momento, el diálogo se mantiene abierto en la mesa de negociación, en la que hay tres temas que se están abordando, tales como el refuerzo de plantilla en zonas de transformación social, la ley de autoridad docente y la desburocratización. «No encuentro los motivos para esta huelga. Francamente, no encuentro motivos de peso», ha sentenciado Del Pozo.

En un comunicado conjunto, los tres sindicatos convocantes de la huelga remarcan la «necesidad» de aumentar las plantillas docentes de la educación pública andaluza. A principios de este curso, ya reclamaron a la Consejería la apertura de negociaciones para avanzar en este tema, que consideran «una necesidad urgentísima».

Explican que, pese a que parecía haber «un leve inicio de negociaciones» al respecto del aumento del número de docentes, «después de meses de pocos avances y continuas dilaciones y cortapisas, el pasado 1 de abril la Consejería de Desarrollo Educativo y FP rompió unilateralmente estas negociaciones escudándose en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2024».

Indignación sindical

Ante esta «falta de consideración», ANPE, Ustea y CCOO convocaron una huelga general y movilizaciones en todas las capitales de provincia para este martes. «Con esta jornada de huelga, exigimos la reanudación de las conversaciones y el cambio de actitud de la Consejería que haga posible, esta vez sí, avanzar verdaderamente en medidas que refuercen la escuela pública andaluza y dignifiquen la labor del profesorado que la sostiene».

«Andalucía tiene transferidas muchas competencias, también las de educación, y el Estatuto de Autonomía recoge el derecho y el deber de las instituciones andaluzas de ejercer sus competencias para ponerlas al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, no existen excusas para la ruptura de las negociaciones y la decisión de la administración sólo responde a la falta de voluntad política del Gobierno de la Junta para afrontar una mejora del sistema público que no puede esperar», argumentan.

Las centrales sindicales reclaman al Gobierno de Juanma Moreno y a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP que «asuma su responsabilidad sin escudarse en un contexto estatal que no es ni puede ser un obstáculo para la defensa de la educación pública». También reivindican una mejora de las condiciones laborales del colectivo docente, y sobre todo, una serie de medidas que garanticen una educación pública de «máxima calidad».