Rocío Blanco: «El Gobierno está metiendo a mucha gente en la trampa de la pobreza con los subsidios»

Rocío Blanco es la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía y es también la antítesis de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuyas ideas y «buenismo» critica desde la comunidad que lidera la caída del paro en España.

–Andalucía bajó de la barrera de los 700.000 parados en marzo y descontó otros 21.000 en abril, liderando la caída del desempleo en España. ¿Se ha adelantado la campaña de contrataciones en el sector servicios?

–Uno de cada tres parados menos a nivel nacional ha sido andaluz. El 63 % ha sido como consecuencia del sector servicios, pero el paro también ha bajado bastante en el colectivo sin empleo anterior, la construcción, la agricultura y la industria. El sector servicios sigue siendo el mayoritario en la bajada del número de desempleados y también en la subida de afiliados, que son 41.000 personas más, no nos olvidemos; pero otros sectores están empezando también a despuntar.

–No obstante, el dato del paro sería mayor si contasen los fijos discontinuos en situación de inactividad. ¿Me podría decir cuántos fijos discontinuos hay en Andalucía, aproximadamente?

–Ese dato no lo tenemos porque el Ministerio de Trabajo no nos lo da. De hecho, ha estado diciendo durante mucho tiempo que no lo tenía. Luego dijo la ministra que había 443.000 fijos discontinuos a nivel nacional y ahora dice que se fija en la EPA y que hay 43.000 sólo. Yo entiendo que son muchos más. La reforma laboral ha venido a pervertir el mercado de trabajo. Hay más contratos, pero tienen menor duración.

–¿Qué valoración hace de la última subida del salario mínimo?

–La figura del salario mínimo interprofesional tiene muchas bondades, pero introduce una barrera de acceso al mercado laboral de colectivos que son desfavorables, como los parados de larga duración o las personas jóvenes. Además, si lo incrementamos muy por encima de la productividad, los trabajadores van a ver reducida su jornada laboral, van a ser despedidos o va a haber economía sumergida.

Hay que tener en cuenta también que el salario mínimo interprofesional, que está en 1.134 euros ahora mismo, tiene un coste para la empresa de 1.769 euros por trabajador. Una gran corporación puede asumir ese coste, pero una pyme a lo mejor no. El salario mínimo tiene que subir tanto como pueda absorber el tejido productivo, no puede poner en riesgo a las empresas.

El Gobierno de España está creando muchos problemas donde no los hay

–El Ministerio de Trabajo planea reducir la jornada laboral a 38 horas y media semanales para este año y a 37 horas y media para el año que viene, y sin afectar a los sueldos. ¿Considera viable esta medida?

–España tiene la mayor tasa de desempleados y el menor nivel de ocupación de toda la Unión Europea. Sorprende cuando menos que la mayor política laboral que vaya a emprender el Gobierno sea una reducción de la jornada laboral. Es un brindis al sol. Va a afectar a unos ocho millones de trabajadores a nivel nacional y va a suponer una merma de crecimiento de seis décimas del PIB en los próximos dos años.

En Francia, el último Gobierno socialista hizo un experimento parecido. Rebajó la jornada, pero también proporcionalmente el salario. Esa experiencia fue nefasta porque las pequeñas empresas empezaron con una rotación de personal, despidieron a los trabajadores que les eran más costosos y contrataron trabajadores que eran más baratos. El PIB de Francia se redujo un 3,7 % en ese periodo. Francia creó un problema donde no lo había, y el Gobierno de España está creando muchos problemas donde no los hay.

–El Ministerio de Trabajo y los sindicatos de clase han pactado la reforma del subsidio de desempleo sin el apoyo de la patronal. ¿Qué valoración hace de ello?

–Para empezar, esta reforma que el Gobierno plantea con tanto buenismo no tiene memoria económica ni habla de políticas de activación del empleo. Se hace poco hincapié en el compromiso de actividad. Una persona que haya trabajado 15 años y otros 15 haya tenido un subsidio de mayores de 52 años le quedará una pensión mayor que a una persona que haya trabajado toda su vida laboral con un salario mínimo interprofesional.

Las prestaciones y los subsidios por desempleo suponen al año más de 22.000 millones de euros, mientras que en políticas activas de empleo se gastan 2.800 millones. Con ese desajuste estamos propiciando políticas pasivas, que me parecen muy bien para determinados colectivos que no pueden acceder a un empleo; pero estamos dando muy poca importancia a nivel nacional a las políticas activas, que son las que propician la inserción en el mercado laboral.

El Gobierno está metiendo a mucha gente en la trampa de la pobreza con los subsidios, porque una persona puede tener un subsidio que a lo mejor no le da para vivir, pero tampoco tiene ganas de salir de esa situación, que puede llevar a la economía sumergida o a determinados fraudes.

El sistema de pensiones está quebrado. Deberíamos ir hacia un sistema de cuentas ligado al crecimiento del PIB o la masa salarial

–La Unión Europea ha advertido a España de que la reforma de las pensiones de Escrivá es insostenible y duplica el déficit del sistema. ¿Considera necesario un cambio de modelo? ¿Vería con buenos ojos un sistema de capitalización, por ejemplo?

–El sistema de pensiones está quebrado. A medio-largo plazo deberíamos ir hacia un sistema de cuentas con una rentabilidad nacional, ligada al crecimiento del PIB o de la masa salarial. Las cotizaciones que vaya pagando cada trabajador se van acumulando en una cuenta ficticia, junto con intereses ficticios, ligados a la tasa de crecimiento del PIB. El saldo de esa cuenta en el momento de la jubilación determinaría la pensión.

Son cuentas e intereses ficticios, porque no se trata de ir a un sistema de capitalización. El sistema seguiría siendo de reparto. Se trata simplemente de una forma de calcular la pensión que se puede pagar teniendo en cuenta lo que ha cotizado cada uno.

–Volviendo a Andalucía, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla ha anulado las bases del proceso de estabilización de casi 1.300 interinos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), muchos de los cuales proceden de la extinta Faffe, como la esposa de Juan Espadas…

–Ese proceso de estabilización lo están haciendo todas las administraciones en España por mandato de la Unión Europea. Efectivamente, hay un juzgado que ha determinado la anulación del proceso de estabilización en el Servicio Andaluz de Empleo. El sindicato denunciante propuso una paralización cautelar, pero la jueza se lo denegó, con lo cual nuestra obligación es seguir con el proceso de estabilización.

En cuanto a lo que me refería usted de la mujer de Espadas, es un proceso diferente, abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que hay 85 personas procedentes de Faffe que entiende el Juzgado que entraron por un procedimiento que no era por mérito y capacidad. Pero esas 85 personas no pueden manchar el buen trabajo del resto de los colectivos que forman el Servicio Andaluz de Empleo.

–Por último, pero no menos importante, los trabajadores de Acerinox han rechazado la propuesta de convenio planteada por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). ¿Cómo valora esta decisión?

–Somos respetuosos con la autonomía colectiva y la libertad de los trabajadores para elegir en votación. La Junta de Andalucía seguirá a disposición de las partes para ayudar a conseguir el acuerdo que tanto desea el Campo de Gibraltar. Pedimos al comité de huelga y a la empresa que no duden en contar con nosotros para buscar una solución. El trabajo que ha hecho el CARL ha sido excepcional.