Banco de Alimentos de Sevilla
Andalucía
La nueva tarjeta monedero del Gobierno amenaza con desvalijar los bancos de alimentos andaluces
El cambio en el reparto de excedentes alimentarios puede suponer una pérdida de hasta el 50 % del total de los alimentos
Las tarjetas monedero, la nueva herramienta del Ministerio de Derechos Sociales para familias vulnerables, están en entredicho antes de su próxima puesta en marcha. Según la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, el cambio en el reparto de excedentes alimentarios que les distribuía hasta ahora el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) puede suponer una pérdida de hasta el 50 % del total de los alimentos.
Los bancos de alimentos andaluces consideran que el nuevo modelo es una «amenaza para el acceso equitativo y justo a la alimentación de los más desfavorecidos», ya que «reduce la posibilidad de acceso a la ayuda alimentaria al introducir otros productos básicos de limpieza e higiene»; «reduce su universo a las familias, mono o biparentales, con hijos», y «encarece en un 80 %» el acceso a los recursos respecto a una compra generalizada mediante licitación pública, como lo viene realizando el FEAD.
Igualmente, los cambios en la política de ayuda alimentaria a los más vulnerables van a provocar que el programa «no llegue al mismo número de familias que el actual FEAD, por lo que la demanda de los bancos de alimentos se va a incrementar a costa de sus propios fondos, limitando la cuota de entrega».
En la última reunión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con todas las comunidades autónomas, Andalucía ha reclamado al Gobierno que negocie ante la Unión Europea las condiciones de acceso a la tarjeta monedero, con el objetivo de «no dejar sin alimentos básicos a 280.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad», así como un «protocolo común» para toda España que «aclare las dudas y aporte seguridad jurídica al procedimiento de entrega».
La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha lamentado que, tras esta reunión, «el escenario no ha cambiado» pese a «la propuesta de la mayoría de las comunidades autónomas de que se renegocie las condiciones de este programa con Europa para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos posibles beneficiarios de esta ayuda».
En este sentido, la titular andaluza de Inclusión Social se ha sumado a la petición presentada por la mayor parte de las comunidades de que el Gobierno de España asuma también en 2025 su modelo transitorio de tarjetas monedero.
A juicio de López, esta prórroga permitiría «corregir los agujeros que presenta el modelo y que fueron reconocidos por el propio ministro Bustinduy en su comparecencia en el Senado el pasado 9 de mayo», al tiempo que daría margen al Ejecutivo central a renegociar ante la UE el cambio de modelo. El objetivo es incluir entre los beneficiarios de este programa a otros colectivos, además del de familias con menores a su cargo.
«El sistema que defiende el Gobierno deja fuera de la tarjeta monedero a colectivos como el de las personas mayores con pensiones bajas, personas sin hogar, migrantes, víctimas de trata o familias con hijos mayores de 18 años», ha aseverado la consejera andaluza, que ha puesto de relieve que ocho de cada diez municipios de la región «no disponen de un supermercado donde se pueda utilizar esta tarjeta».
«Hasta 665 localidades de Andalucía no cuentan con establecimientos para usar la tarjeta», ha remarcado, al tiempo que ha apuntado que en toda la comunidad autónoma «sólo hay 319 tiendas» adheridas al programa.
«El Gobierno debe fijar criterios homogéneos para todo el país», ha defendido la consejera, quien ha advertido de que hay aspectos sin aclarar aún, como los ingresos que deben computar en la valoración de la renta para el acceso, la definición de las unidades familiares que pueden ser perceptoras o la falta de concreción en medidas de acompañamiento.
Además, Loles López ha incidido en la necesidad de conocer el procedimiento de derivación de las familias a Cruz Roja, entidad que asume el programa a nivel estatal este año, o definir qué sucede con las familias que residen en los ocho de cada diez municipios andaluces que no tienen un supermercado de las cadenas que se han adherido al programa.