Andalucía impulsa la mediación penal en sus ocho provincias para aliviar los juzgados

Andalucía es la única comunidad autónoma que ha incluido la mediación en su sistema de Justicia Gratuita, dentro de las medidas que está adoptando como impulso a esta alternativa de resolución de conflictos. Así, la Junta pondrá en marcha el próximo 2 de septiembre el Servicio de Mediación Penal para Andalucía (SEMPA) en Cádiz y Córdoba y Málaga.

Este servicio funciona desde el pasado 1 de mayo en Almería, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, de modo a partir del próximo día 2 lo hará en las ocho provincias andaluzas. En este tiempo, el SEMPA ha recibido 287 asuntos derivados de los juzgados y ya se han logrado cerrar 75 acuerdos con un plazo medio para alcanzarlos de un mes, cuando el plazo de resolución de un conflicto puede alargarse años.

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, visitó ayer martes las instalaciones del SEMPA en la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde habrá un equipo de tres profesionales —jurista, criminólogo y psicólogo—, todos ellos con formación en mediación, que trabajarán en un espacio que se ha habilitado en la planta baja, concretamente en la zona de la antigua cafetería, junto al Punto de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA), con una inversión de 47.440 euros.

En total, la Consejería de Justicia ha destinado 1.123.043,60 euros (IVA incluido) para los contratos de gestión de los ocho equipos provinciales, con una duración de 12 meses prorrogable.

Al SEMPA se pueden derivar asuntos sobre cualquier tipo de delito, salvo los relacionados con la violencia de género o sexual, donde la mediación está vetada por ley. Nieto recordó que «Málaga es la segunda provincia de España en tasa de litigiosidad», ya que es una ciudad que «crece en población, pero también en el número de empresas y, por tanto, en el número de conflictos»; de ahí la importancia de impulsar la mediación.

Además, el consejero insistió en la importancia de que los órganos judiciales incorporen esta fórmula de resolución de conflictos y deriven asuntos al SEMPA para poder rebajar su carga de trabajo. Para ello disponen de un protocolo de derivación firmado con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que cuenta también con el respaldo de la Fiscalía.