Las claves de la nueva Ley de Universidades andaluza: bonificación de matrículas y B2 en idioma extranjero

El Gobierno de Juanma Moreno ha iniciado la tramitación de la nueva Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que garantizará por primera vez a los alumnos el derecho a la bonificación de los precios de la matrícula y recogerá la obligación de tener el nivel B2 en un idioma extranjero para adquirir la titulación universitaria, entre otras novedades.

Desde 2017, la Junta de Andalucía bonifica hasta el 99 % del coste de la carrera universitaria a los estudiantes de sus diez campus públicos, de forma que cada alumno solo paga el primer curso y el resto le puede salir casi gratis si aprueba todas las asignaturas. Hasta ahora, el Gobierno de Moreno ha ido prorrogando esta medida, que afecta tanto a los grados como a los másteres y que quedará blindada por ley a partir de la aprobación de la norma.

La LUPA, que sustituirá a la regulación actual de 2013, también garantizará por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta de Andalucía.

En este apartado se determina la obligación de disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero tanto para la obtención de un título oficial universitario como para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. Esa condición será exigible a partir de octubre de 2029. Ahora mismo solo es obligatorio el B1.

Universidades privadas

Además, la ley universitaria incrementará los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público. Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior.

Del mismo modo, la futura legislación propone que las entidades tengan que reservar un 3 % de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5 % a planes propios de investigación. También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.

Financiación del sistema público

En el articulado de la ley también se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, que tendrá que contar con una estructura ya definida en tres grandes bloques.

El primero alude a la financiación básica armonizada, destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento.

El segundo se refiere a la financiación que afecta a resultados, articulada a través de los contratos programa, y el tercero, a la de nivelación, que, atendiendo a las singularidades de cada una de las instituciones académicas, permitirá corregir posibles desviaciones producidas por la aplicación de otros modelos anteriores. Esto también se hace extensible a los remanentes, que hacen alusión a las transferencias de la Junta de Andalucía realizadas a las universidades públicas que no se han ejecutado.

El Gobierno de Moreno deberá ahora someter el texto legal a información pública y solicitar los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades y del Consejo Consultivo para su visto bueno como proyecto de ley y su posterior traslado al Parlamento de Andalucía, donde su aprobación será sometida a debate y está garantizada por la mayoría absoluta del PP. El documento ha sido acordado con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales.