Decenas de cadáveres sin reclamar sitúan al Instituto de Medicina Legal de Almería al borde del colapso

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería está al borde del colapso. Decenas de cadáveres se acumulan en sus dependencias sin que nadie los reclame. La gran mayoría de los cuerpos pertenecen a inmigrantes que han perdido la vida en el mar o a residentes extranjeros y no pueden ser enterrados hasta que lo diga un juez.

Los institutos de medicina legal tienen la obligación de conservar los cuerpos no reclamados de los fallecidos que han sido objeto de pruebas periciales hasta que un juez, mediante auto, obligue a darles sepultura a los cadáveres. De esto último deben ocuparse los ayuntamientos de los municipios donde hayan aparecido esos cuerpos, de modo que, en última instancia, de la agilidad de los consistorios depende que se acumulen los cadáveres.

Las instalaciones de la Ciudad de la Justicia de Almería disponen de 24 cámaras frigoríficas donde permanecen los cadáveres: nueve de ellas de refrigeración para la conservación temporal de muestras y 15 con un sistema de congelación que hace posible una conservación más larga, a 40 grados bajo cero. Ahora mismo se encuentran al 60 % de su capacidad.

Se trata, en la mayoría de los casos, de inmigrantes que no han podido ser identificados tras haber alcanzado la costa de Almería sin documentación. No obstante, también hay ciudadanos ingleses y otros extranjeros que han vivido en la provincia y cuyos cuerpos, tras fallecer, no han sido reclamados por sus familiares.

La Junta de Andalucía ha comprobado que esta situación no se vive solo en Almería, sino que se reproduce en otras provincias andaluzas. En consecuencia, la Consejería de Justicia, Administración y Función Pública ha firmado un protocolo con el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía Superior de Andalucía para agilizar la inhumación de los cadáveres no identificados o sin reclamar.

El protocolo

El objetivo del protocolo es optimizar los recursos materiales y humanos de los institutos de medicina legal para que, una vez realizadas las autopsias, extraídas las muestras necesarias para una futura identificación y elaborados los informes forenses correspondientes, los jueces autoricen su enterramiento –nunca la incineración– a cargo de los ayuntamientos.

De esta forma, los cadáveres que no hayan sido identificados, o cuya identificación se presuma difícil, quedarán a disposición de la autoridad judicial, que será quien ordene, mediante auto, el traslado a otros lugares de conservación o depósito, o su inhumación. Será el juez el encargado de comunicárselo al ayuntamiento al que le correspondan los gastos de sepelio por beneficencia, de acuerdo con la normativa de Policía Sanitaria Mortuoria aplicable.

A partir de ese momento, el cadáver deja de ser judicial, por lo que el ayuntamiento competente deberá actuar, conforme a la legislación, en cuanto a los gastos de conservación, traslado y enterramiento por beneficencia, así como el consulado correspondiente en caso de repatriación.

En ningún caso se podrá incinerar un cadáver no identificado, y la inhumación debe hacerse en un nicho identificado, de forma que sea posible la exhumación en caso de que sea identificado. El lugar exacto de la inhumación debe ser comunicado al juzgado de instrucción competente.

Para garantizar la buena coordinación entre todas las partes implicadas, el convenio firmado prevé una Comisión de Seguimiento que se reunirá al menos semestralmente. El protocolo tiene una vigencia de cuatro años prorrogables durante otros cuatro, previo acuerdo expreso de las partes.