La excedencia de una magistrada de los ERE abre la puerta a un nuevo juicio contra Chaves y Griñán

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) elevará una consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la situación de excedencia voluntaria de una de las dos magistradas designadas para dictar las nuevas sentencias requeridas por el Tribunal Constitucional (TC) a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla en relación con el «procedimiento específico» del caso ERE.

El Alto Tribunal andaluz ha designado a las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles para dictar las sentencias derivadas de la decisión del TC de estimar parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros acusados, y anular así, también en parte, las condenas que les impuso la Audiencia de Sevilla y avaló el Tribunal Supremo, ordenando a la instancia provincial la emisión de nuevas resoluciones que incorporasen el criterio del Constitucional.

En una entrevista en Canal Sur Radio, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha confirmado la información publicada por Diario de Sevilla respecto a que la magistrada Encarnación Gómez Caselles, otrora miembro del tribunal original de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que dictó la sentencia inicial de la pieza política de los ERE y actualmente en la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante, se encuentra en situación de excedencia voluntaria para el cuidado de un familiar.

Según Del Río, «la regla general es que las sentencias las pongan los mismos» magistrados intervinientes en el procedimiento original y de dicha norma «se exceptúa solamente a los que han perdido la condición de juez o los que pasan a la legislación de excedencia pero para ocupar cargos políticos», lo que «no es el caso de la magistrada» Gómez Caselles.

En consecuencia, el TSJA ha resuelto elevar consulta al CJPJ para que este órgano haga «una interpretación de si esa persona puede o no formar parte de ese tribunal». Lorenzo del Río confía en obtener una respuesta «en un corto plazo de tiempo»; no obstante, ha reconocido que esta situación supone «un contratiempo importante».

En función de lo que dictamine el Consejo General del Poder Judicial, quizá sea necesario «esperar a que pase esa situación de excedencia» o incluso promover «un nuevo juicio con un tribunal distinto, lo cual sí que sería un problema de tiempo enorme», según Del Río, que ha declinado aventurar «si sería un juicio idéntico, con repetición» o «en qué condiciones» se celebraría una nueva vista.