Piden penas de hasta 14 años por crear una fábrica ilegal de tabaco y explotar laboralmente a sus trabajadores

Este lunes, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada reabre el juicio contra los trece acusados de instalar, poner en marcha y explotar una fábrica ilegal de tabaco ubicada en la pedanía alhameña de «Pilas de Algaida», concretamente en Ventas de Zafarraya. La fiscalía solicita penas que van desde los seis hasta los 14 años de prisión, por pertenencia a una organización criminal, contrabando y delito contra los derechos de los trabajadores. La penas más altas serían para un ciudadano español y otro ruso, a los que la Fiscalía considera que fueron los encargados de activar la fábrica.

El juicio que comienza hoy, después de que el pasado 15 de enero fuera suspendido tras no personarse varios de los acusados, espera tener una duración aproximada de cinco días. Los hechos se remontan al año 2017, cuando los procesados se pusieron de acuerdo para desarrollar sus operaciones entre la Axarquía de Málaga y el Poniente de Granada a fin de «obtener beneficios económicos ilícitos» con la citada fábrica de tabaco de contrabando, que estaba dentro de una nave que habrían hecho pasar por agrícola junto a la carretera A-402.

La organización criminal habría funcionado con arreglo a criterios jerárquicos, con las tareas «perfectamente repartidas», las cuales sólo habrían cesado una vez se produjeron la entrada y registro judiciales del 5 de diciembre de 2017. Los dos procesados considerados cabecillas de la banda se enfrentan también a una petición de una multa de más de cuatro millones de euros. El resto de acusados, de resultar condenados, habrían de pagar cantidades que van desde los 1,5 a los más de tres millones de euros. En la cúspide había también un tercer individuo que no ha sido localizado.

Contaban con experiencia previa

Según consta en el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, el ciudadano ruso y su lugarteniente, el procesado de nacionalidad ucraniana, tenían supuestamente experiencia previa en la elaboración de tabaco en Europa del Este. Precisamente por eso, la mayoría de trabajadores de origen extranjero que trabajaban sin permiso en la nave eran de Ucrania y, se habrían desplazado hasta España para producir los cigarrillos y posteriormente distribuirlos con el nombre comercial de J5, realizando una actividad comercial no declarada ni sometida a impuestos.

Los empleados extranjeros habrían llegado a trabajar más de 10 horas seguidas, desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas «con apenas 20 minutos de pausa para comer un bocadillo que les era facilitado y todo ello a cambio de unas cantidades que oscilaban entre los 500 y los 700 euros mensuales, que no consta que se hubiera abonado en ningún caso».