La Junta de Andalucía se ha topado con esta anomalía en su plan para estabilizar a 1.297 interinos
Corrupción
El PSOE enchufó a sus allegados en el Servicio Andaluz de Empleo pese a carecer de la titulación necesaria
Originalmente colocados en la Faffe como parte de la trama que ahora se investiga, acabaron engrosando las filas del SAE tras la disolución del anterior organismo
De los 1.297 empleados interinos que trabajan en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y que la actual Junta pretende hacer fijos mediante un concurso de méritos, 520 son antiguos trabajadores de la Faffe, a cuyo exdirector general se le juzga por un posible caso de enchufismo a familiares y allegados a cargos del PSOE.
Se da la circunstancia que cuando la Consejería de Empleo ha emprendido este proceso para poner orden en las oficinas de empleo, se ha encontrado con que algunos ex empleados de la Faffe que a día de hoy prestan su labor en el SAE no cuentan con la titulación que se debería haber exigido para el puesto que desempeñan. Sin ese requisito, no deberían poder optar a las plazas ofertadas mediante concurso.
Sin la titulación adecuada
Tras trascender, gracias a las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa), según avanzaba ABC, el modus operandi de los dirigentes de la Faffe para enchufar y amañar concursos públicos durante nada menos que ocho años, y siempre bajo gobiernos socialistas, ahora ese proceso de regularización dentro del SAE se ha visto salpicado.
La dirección del Servicio Andaluz de Empleo pidió un informe jurídico para conocer la situación de esos interinos carentes de titulación alguna que trabajan en el organismo público. Este diario ha adelantado que aún se desconoce a cuántos trabajadores afecta al encontrarse el proceso en curso, pero se cree que al menos serían 19 los empleados en esta situación.
El exalcalde de Lebrija fue puesto a dedo
Mientras Empleo batalla por sortear esta situación, el exdirector general de la Faffe, Fernando Villén, intentaba sacudirse las acusaciones de enchufismo en el juicio al asegurar que contrató al exalcalde de Lebrija, Antonio Torres por su currículo «bastante interesante».
A pesar de que los diferentes testigos que han pasado por el juicio apuntaban a que, de una manera u otra, lo allí sucedido sería un caso de prevaricación y malversación, Villén ha sostenido que Torres sí prestó a la Faffe «un servicio real». La investigación no es de la misma opinión al considerar que este cobró durante años por no ir a trabajar.
Sin embargo, a Villén no le quedó más remedio que admitir que el exedil socialista no accedió a la plantilla del organismo que él dirigía por ninguna de las tres vías legales para hacerlo, esto es, el portal del empleado, el SAE o la publicidad de los puestos, sino que fue incorporado «con contrato laboral de mando», es decir, «rango directivo», por su exclusiva y única decisión.
Una trama mayúscula
Ideada como una entidad que daría formación a los desempleados de Andalucía, acabó creciendo hasta convertirse en una gigante estructura de hasta 1.200 empleados, los cuales, tras la disolución de la Faffe se acabaron integrando en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
En la práctica, los atestados policiales sentencian que funcionó como una agencia de colocación a dedo, tanto a personas vinculadas familiar o ideológicamente con el PSOE o los sindicatos mayoritarios, como empresas afines a la causa.
El caso Faffe estalló por el despilfarro de las tarjetas opacas de sus dirigentes en viajes, hoteles y clubes de alternes, cuyo gasto alcanzó los tres millones de euros. Pero otra pata de la macrocausa que ahora se investiga descansa sobre su papel de agencia de colocación. Así, unas 200 personas, vinculadas al PSOE o a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras estuvieron a nómina del organismo. Mientras, empresas y asociaciones afines a la causa, recibían también su parte del pastel mediante contrataciones.