Fachada de Muface
Pánico en la Junta: el fin de Muface amenaza con hacer un roto al sistema sanitario de Andalucía
Mientras que la rama sanitaria del Gobierno de Moreno se resigna y vende que, en el caso de que no hubiera acuerdo, el sistema autonómico estaría preparado, la parte económica advierte de sus inminentes consecuencias
Andalucía es una de las comunidades que más personas tendría que absorber en su sistema público de salud procedentes de Muface. En un informe hecho público por el Ministerio de Sanidad se deduce que, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la comunidad andaluza aparece en el puesto tres (2,94 %) en esa tesitura, tan solo por detrás de Castilla y León (3,12 %) y Extremadura (3,02 5).
Además, no solo el alto porcentaje que tendría que aglutinar el SAS de beneficiarios de esa mutua supone una amenaza para el sistema público, sino que además una gran parte serían beneficiarios mayores de 65 años, lo que sin duda sobrecargará unas listas de espera que ya son situadas «al límite» por los propios dirigentes autonómicos.
El departamento de Mónica García (Sumar, formación partidaria del fin de las mutualidades) planea acabar con el modelo vigente a partir del 1 de enero de 2025, o que provocará el ingreso de los funcionarios y sus familiares al Sistema Nacional de Salud. Para ello, se ha prometido destinar a las autonomías el dinero que reciben actualmente las mutuas, es decir, que las regiones deberían recibir unos 2.600 millones de euros para reforzar y mejorar sus estructuras públicas y así asumir con garantías el grueso de los servidores públicos.
Derivar el problema en las comunidades
Desde el Gobierno autonómico que preside Juanma Moreno tienen claro el diagnóstico: el SAS (Servicio Andaluz de Salud) está ya tan al límite que añadir unas 400.000 personas más generaría muchos problemas.
Así lo ha expresado la consejera de Hacienda, Carolina España, que ha exigido al Ejecutivo central una solución. En un encuentro organizado por Radio Sevilla, la consejera ha reflejado que «lo que no puede ser» es que cualquier problema que haya en el Gobierno de Pedro Sánchez «la solución sea cruzarse de brazos y derivar el problema a las comunidades».
España calcula que serían, contando a los funcionarios andaluces y sus familiares directos, unos 400.000 usuarios los que se integrarían en el sistema autonómico, que ya de por sí «está bastante al límite».
En el caso de que no se encuentre una solución, desde San Telmo aseguran que están preparados. La actual consejera, Rocío Hernández, ha dicho estar «expectante» ante la salida que el Ministerio piensa dar al conflicto con la sanidad privada: «Confiamos en que se llegue a un acuerdo, aunque estamos ya trabajando por si no llega», declaraba a El Mundo.
Una situación tensa
Para García, el déficit de facultativos era ya un problema «endémico» que tiene una repercusión «trascendental» en el funcionamiento de los sistemas sanitarios a nivel nacional. Dicho de otra manera, las comunidades sufren solo para cubrir jubilaciones y vacaciones.
A mediados de julio, el presidente, Juanma Moreno, decidió rectificar el rumbo de la sanidad andaluza, a la que muchos veían como el talón de Aquiles de su Ejecutivo, y nombró a la médica especializada en Pediatría Rocío Hernández.
Y es que la sanidad arrastraba a lo largo de la legislatura manifestaciones, críticas y reproches de profesionales y ciudadanos que ponían el foco en la privatización del sistema, las listas de espera y la situación laboral de los profesionales de este ámbito.
Ahora, los dirigentes políticos temen que el caso Muface acabe llevando a una especie de colapso a una estructura dañada y tensionada.