El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una visita a la Comandancia de la Guardia Civil de CádizEuropa Press

Andalucía

Moreno prepara incentivos para las fuerzas de seguridad en el Campo de Gibraltar ante la desidia de Marlaska

El Gobierno andaluz creará un grupo de trabajo para adoptar medidas de apoyo a los agentes en la comarca gaditana

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enfrentan en el Campo de Gibraltar a una realidad de la que muchos agentes quieren huir. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido mirar para otro lado ante la reivindicación de que la zona sea declarada de especial singularidad, lo que supondría una mejora de sus condiciones laborales. El Gobierno andaluz ha decidido coger el toro por los cuernos en el ámbito de sus competencias.

La Consejería de la Presidencia, en concreto, creará y coordinará un grupo de trabajo que estará integrado por personal de las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía para la adopción de medidas de apoyo a los agentes destinados en el Campo de Gibraltar en materias como transportes, educación, vivienda, deporte, formación o infraestructuras.

La intención del Gobierno de Juanma Moreno es tener listo un paquete de medidas en el plazo máximo de un mes y medio, con independencia del desarrollo legal que cada departamento dé luego a sus propuestas. El objetivo es que los agentes permanezcan en el destino de los municipios que integran la comarca del Campo de Gibraltar a través de una serie de incentivos, como la gratuidad de determinados servicios para mejorar la vida de su entorno familiar.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Junta de Andalucía no reclamará más recursos al Estado para poner en marcha este plan de incentivos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el Campo de Gibraltar, en la medida en que se desarrollará en el ámbito de las competencias autonómicas. «No habrá confrontará con el Gobierno», subrayó.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 65, dispone que corresponde al Gobierno autonómico el establecimiento de políticas de seguridad públicas en los términos previstos en el artículo 149.1.29ª de la Constitución, así como la ordenación general y la coordinación supramunicipal de las policías locales andaluzas, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales.

El Gobierno andaluz ha reivindicado en una nota «su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, ha venido interviniendo en materia de seguridad bajo el amparo de los principios de cooperación, colaboración y coordinación entre administraciones», así como que «siempre ha colaborado para contribuir a la mejora de la seguridad en su ámbito territorial».