El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en rueda de prensaFrancisco J. Olmo | Europa Press

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla investigará posibles ocupaciones ilegales de vivienda pública

Los inmuebles que serán objeto de revisión se ubican los barrios de Triana y la Macarena

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado los trámites para investigar la situación de 82 viviendas municipales que estarían afectadas por irregularidades como subrogaciones no autorizadas u ocupaciones ilegales. Los inmuebles que serán objeto de revisión se ubican los barrios de Triana y la Macarena.

«Muchos de los contratos que habilitaron el uso residencial de dichas viviendas datan de fechas que rondan 30 o 40 años hasta llegar a la actual. De esta circunstancia se derivan diversas implicaciones que complican, o al menos dificultan, una adecuada gestión de las viviendas», según el Consistorio hispalense, que ha sacado a licitación un contrato para un «diagnóstico y depuración jurídico-patrimonial de viviendas municipales».

El Gobierno municipal, con José Luis Sanz (PP) al frente, defiende la necesidad de esta investigación en la medida en que «las mencionadas irregularidades dificultan notablemente adecuar y gestionar estas viviendas para alquileres de carácter social u otros servicios y dotaciones públicas».

Así, la contratación está destinada al «establecimiento de las condiciones técnicas mínimas que regirán la contratación de los servicios y trabajos precisos para llevar a cabo la investigación, la comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación de 82 viviendas municipales» concretas.

Estos inmuebles se ubican, concretamente, en las calles Regla Sanz, María Ortiz, Clara Jesús Montero, Manuel Arellano y Ardilla, en Triana, y las calles Bernardo de Toro, Hermanas de la Cruz y Madre San Marcelo, en la Macarena, concretamente en el barrio de la Barzola.

Análisis de las viviendas

Esta actuación «permitirá analizar la situación concreta en la que se encuentran las viviendas municipales desde el punto de vista jurídico-patrimonial» y, una vez realizado el análisis, «diseñar una estrategia que se plasmará en un documento (diagnóstico) el cual marcará la hoja de ruta».

Más al detalle, el objetivo de la investigación pasa por el «conocimiento de la identidad de las viviendas y localización exacta de las mismas», así como la recopilación de datos de las viviendas municipales obrantes en el Catastro y el Registro de la Propiedad; «acreditar, en su caso, la titularidad municipal de las viviendas»; recabar el conocimiento preciso de la situación jurídica y posesoria de la viviendas, «lo que permitirá la verificación de las viviendas ocupadas, a fin de que, en su caso, se incluyan dichas circunstancias en la documentación que posteriormente se remitirá a los servicios municipales», y acometer «una valoración de las viviendas» en cuestión.

Dentro del pliego técnico, el Ayuntamiento de Sevilla también expone que «es titular en la actualidad de un parque público de viviendas en régimen de alquiler o similar, compuesto por un total de 867 viviendas, de naturaleza patrimonial, repartidas por todo el término municipal, las cuales son gestionadas por el Servicio de Patrimonio».