Los pueblos del Guadalquivir mueven ficha ante el trasiego de narcolanchas y la pasividad de Marlaska

Las recientes imágenes de la persecución de una patrullera de la Guardia Civil a una narcolancha desde la cual arrojaban bidones de gasolina al agua han vuelto a poner de manifiesto lo que presencian casi a diario los vecinos de Coria del Río y otros pueblos sevillanos de la ribera del Guadalquivir, que lleva años siendo una autopista de la droga que llega ya incluso a Sevilla capital.

El Ministerio del Interior atribuye la presencia de narcolanchas en el río a la presión policial sobre el estrecho de Gibraltar, principal puerta de entrada de droga en España y de hachís, en particular, en toda Europa. Sin embargo, las gomas recorren el Guadalquivir desde hace años, y cada vez más con cocaína.

El alcalde de Isla Mayor, el socialista Juan Molero, ha asegurado recientemente que desde hace diez años «se está advirtiendo sobre la impunidad del narcotráfico», que actualmente afecta en mayor medida a Coria del Río y La Puebla del Río, debido al continuo trasiego de narcolanchas que suben desde la desembocadura del Guadalquivir.

La zona de alijos se sitúa entre Lebrija y Alcalá del Río, según fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Para Molero, se trata de un «libertinaje» que es consecuencia de que la Guardia Civil está «desbordada» y no hay agentes ni medios suficientes para hacer frente al tráfico de drogas.

Ante esta situación, el ministro Fernando Grande-Marlaska saca pecho por los resultados de su Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, extendido a la provincia de Sevilla, entre otras, y justifica el desmantelamiento el OCON Sur, la unidad de élite que hasta septiembre de 2022 tenía la Guardia Civil destacada en Andalucía para luchar contra el narcotráfico.

En sus menos de cuatro años de existencia, el OCON Sur fue capaz de incautar un millón de kilos de hachís, 35 toneladas de cocaína, 2.622 coches y 1.137 embarcaciones. Además, intervino 301 millones de euros y detuvo a 12.813 personas, provocando la caída de narcos como los Castaña, Kiko el Fuerte o Jesús el Pantoja. El año pasado, Marlaska alegó «cuestiones operativas» para excusar su cierre.

Medidas contra el narco

Así las cosas, los municipios de la ribera del Guadalquivir han comenzado a mover ficha para reclamar soluciones ante el trasiego de narcolanchas en el río. El Ayuntamiento de Coria del Río, gobernado por Andalucía por Sí, aprobó recientemente una moción en la que vuelve a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez, como ya hiciera en febrero de 2024, la «reactivación urgente» del OCON Sur para hacer frente a las gomas en el río.

El Ayuntamiento de Camas, donde manda el PSOE con mayoría absoluta, hacía lo propio hace unos días con una moción en la que solicita a Interior «patrullajes conjuntos» de la Guardia Civil, la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad del Estado en el río; «la instalación de dispositivos de vigilancia adicional, como cámaras en puntos clave del río, así como el uso de drones y otras tecnologías avanzadas para detectar la actividad ilícita en tiempo real».

A nivel autonómico, el Parlamento de Andalucía aprobó este pasado jueves una proposición no de ley del PP en la que reclama al Gobierno «un plan integral de actuación contra el narcotráfico para Andalucía, con la correspondiente dotación de medios personales, materiales y tecnológicos, acorde con las dimensiones que ha adquirido esta lacra en nuestra comunidad», dada la «insuficiencia» del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.

La iniciativa se votó por puntos y solo alcanzó la unanimidad en la solicitud de declaración de la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad. El PSOE se opuso a la restitución del OCON Sur y a la creación de una unidad marítima de la Guardia Civil específica para controlar la desembocadura del Guadalquivir, y se abstuvo respecto a endurecer el Código Penal contra los narcotraficantes y sus redes de apoyo.