Jura de la Constitución  No es Leonor. Es la Constitución, estúpidos

La Constitución de 1978 trajo consigo la superación de un debate secular relativo a la forma política del Estado, y ello gracias a la conclusión de la necesidad de optar, no tanto entre monarquía y república, como entre dictadura y democracia. Los españoles «de la Transición» identificaron la custodia de la libertad como el objetivo prioritario del consenso y la historia se ha encargado de demostrar que la convivencia democrática puede darse bajo ambas formas de gobierno: basta con alzar la mirada para comprobar la existencia de repúblicas de corte autoritario al tiempo que monarquías irreprochablemente respetuosas con el imperio de la ley: 10 de ellas situadas entre los 22 regímenes más democráticos del mundo, ranking que encabeza, por cierto, un reino, el de Noruega.

Este 31 de octubre de 2023 España vive un momento de reafirmación democrática, porque lo que se viene a celebrar no es el 18 cumpleaños de una joven miembro de la «generación Z», que también, sino el sometimiento de la Princesa de Asturias a los rigores de la Constitución que los españoles votaron en 1978. Es el paso previo de un contrato solemne de servicio y de lealtad que la heredera del Trono suscribirá con un pueblo soberano, a cuyo único y exclusivo servicio se entregará el día en que se convierta en titular de la Corona que hoy encarna su padre, Felipe VI.

Y, al igual que don Felipe, Leonor jura su compromiso de «desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas». Lo hace porque así lo determina la Constitución (art. 61), con la singularidad añadida respecto de otros reinos de que el juramento lo realizará dos veces: el día en que alcanza la mayoría de edad y aquel en que inicie su reinado, un plus de legitimidad que no hace sino subrayar la sujeción de la futura Reina y jefa del Estado español a la expresión democrática de la soberanía popular.

Entre 1977 y 1978, las Cortes constituyentes discutieron libremente sobre las funciones de un Rey que habría de limitar ostensiblemente sus atribuciones, sobre un modelo inédito de Estado en el que el monarca carecería de poderes propios. Los partidos republicanos realizaron un encomiable ejercicio de responsabilidad y pragmatismo, empezando por los comunistas de Carrillo –«Tras la tragedia de la guerra civil española, lo importante no era la forma de Estado, sino la reconciliación nacional»– y siguiendo por los socialistas, entre cuyos portavoces, Luis Gómez Llorente, previa reivindicación del origen republicano de su formación, explicaba: primero que «el socialismo no es incompatible con la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular», y después que, «si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella».

Negar, a la vista de esta evocación, la posible conciliación entre los términos monarquía y democracia resulta no sólo «políticamente inconveniente sino también jurídicamente incorrecto», como explica con su habitual magisterio Manuel Aragón. La cuestión, al fin, no es tanto determinar cuál es la mejor forma de Gobierno como aprender a construir y consolidar eficazmente las instituciones democráticas, a fin de «evitar o minimizar los daños que gobernantes incompetentes o deshonestos pueden causar» a la ciudadanía, recuerda con el mejor criterio Carmen Iglesias.

La Constitución de 1978 aparcó esta disputa al implantar en España una monarquía racionalizada, en la que el sujeto de soberanía es el pueblo español y el régimen instalado se muestra respetuoso con los principios que caracterizan al Estado de Derecho. En palabras de Álvarez Junco: «convivir bajo unas mismas normas, compartir los valores básicos en que esas normas se inspiran», construir «instituciones fuertes, poderes separados e independientes, una cierta igualdad social y homogeneidad cultural»; y erradicar, en lo posible, «el nepotismo y la corrupción».

Hace 37 años, el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia, inauguró la prescripción del art. 61 de la Constitución, por la cual el heredero, cumplida la mayoría de edad, presta en el Parlamento su primer juramento ante el pueblo soberano, allí representado. Aquel 30 de enero de 1986 presidía las Cortes el socialista Gregorio Peces Barba, y a tal solemnidad acudieron todos los presidentes de todas las Comunidades Autónomas, incluidos Ardanza y Pujol, lehendakari y presidente de los gobiernos vasco y catalán, respectivamente. Solo una formación rehusó la invitación, Herri Batasuna, partido disuelto años después (2003), en tanto «parte» de la organización terrorista ETA, según el Tribunal Supremo.

La causa de las incomparecencias, lejos de ser Leonor de Borbón y Ortiz o la propia monarquía, es la mismísima Constitución

El 31 de octubre de 2023, la lista de ausentes se incrementará notablemente: no comparecerán los presidentes de los gobiernos vasco y catalán; faltarán varios ministros del actual Gobierno en funciones; y también los líderes de buena parte de los partidos que en pocas fechas facilitarán la investidura de Sánchez. Pero la causa de su incomparecencia, lejos de ser Leonor de Borbón y Ortiz o la propia monarquía, es la mismísima Constitución, que estos partidos cuestionan y rechazan; pieza que los variopintos socios de investidura, y hasta una de las dos formaciones que integrarán el segundo Ejecutivo bipartito, pretenden cobrarse.

Al más puro estilo James Carville, spin doctor de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, diríamos que no es Leonor. Es la Constitución, estúpidos, lo que está en juego.

• Manuel Ventero es periodista