La Generalitat calienta la calle contra la sentencia del español mientras Sánchez se inhibe

¿Por qué ha venido a la escuela de Canet a protestar por la aplicación del auto y lo ha hecho ahora y no en los casos de otros padres? ¿Quiere calentar el ambiente para las protestas? Esas preguntas las lanzaban los padres que han conseguido más educación en castellano para su hija en una escuela pública de este municipio del Maresme. ¿Por qué la Generalitat ha tenido una reacción tan airada contra esta decisión del TSJC? Y eso que no ha sido el único varapalo judicial que ha sufrido el Gobierno catalán en los últimos meses y por supuesto en los últimos años.

Lo cierto es que el consejero de Educación, Josep González-Cambray ya viene aumentando el tono de sus respuestas, desde que se conociera a principios de noviembre que el alto tribunal catalán había anulado los proyectos lingüísticos de varias escuelas por excluir al castellano como lengua vehicular. Habló incluso de rebelarse contra estas sentencias. Sólo unas semanas más tarde, a finales de noviembre, se conocía la decisión del TS de rechazar el recurso de la Generalitat contra la sentencia del TSJC que ordenaba al Govern a garantizar que se impartieran en todas las escuelas de Cataluña, al menos el 25 % de las clases en español. Entonces el consejero instaba a la desobediencia enviando una carta a los directores de los centros.

Pero ha sido el caso de Canet el que ha abierto la caja de Pandora. Y eso que fue en octubre, el 14 de octubre, concretamente, cuando falló el TSJC tras el periplo judicial de la familia. Y fue el propio consejero el que ordenó al centro que acatara la sentencia, y también fue el propio departamento de educación el que ayudó a la dirección del centro a aplicarla. ¿Y si se conocía a mediados de octubre, por qué ahora Govern, partidos independentistas y entidades afines han salido en tromba a defender la inmersión?

«Un aviso a navegantes»

Desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe consideran que es una estrategia perfectamente planificada, un acoso y derribo a la familia de Canet, para que pueda servir como «escarmiento» a otras familias que tengan la tentación de pedir más castellano para sus hijos en la educación, teniendo en cuenta el incesante goteo de sentencias que dan la razón a los demandantes. «Es un aviso a navegantes», ha repetido una y otra vez la presidenta de la AEB, Ana Losada, estos últimos días.

Y lo cierto es que desde un primer momento la Generalitat se ha puesto de perfil ante el acoso que ha recibido la familia de Canet. Es más, siempre ha dejado claro que apoyaba a las familias que se mostraban contrarias a la sentencia y que pedían que se «blindara la inmersión». También lo ha hecho en repetidas ocasiones el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; e incluso el consejero de educación visitó la escuela a para dar «protección» a la dirección, asesorarla y darle herramientas para cumplir con la sentencia del TSJC.

Del menor se limitó a decir que condenaba el acoso y las amenazas «vengan de donde vengan». Y por acción o por omisión, desde el independentismo se ha querido dar la vuelta a la tortilla y presentar al catalán como la víctima de todo este proceso. Se minimiza el acoso, el señalamiento y las amenazas que ha recibido la familia, frente a lo que supone «un ataque contra el catalán», dicen, y por extensión «contra Cataluña». Y con este objetivo, «defender el catalán y la inmersión» se ha convocado para este sábado una manifestación en la que participará Aragonès que, además, ha convocado una cumbre extraordinaria en el Palau, el jueves, para tratar junto a otras entidades cómo dar respuesta a las sentencias judiciales que cuestionen el modelo de inmersión.

Pero también parece que, con esta escalada, con este cierre de filas en torno a la defensa de la inmersión, el independentismo pretende seguir con la confrontación con el Estado y con la justicia, teniendo en cuenta que al menos en lo que se refiere a la hoja de ruta del «procés» no hay una unidad de acción tan clara entre los partidos. Es más, también el tema de la lengua y cómo desde la consejería de González Cambray se está gestionando lo relacionado con las sentencias, ha provocado un cruce de reproches entre los socios del Gobierno catalán. Pero, aun así, por encima de todo, está «la defensa del catalán».

Y los dos socios se encontrarán en la manifestación de este sábado convocada por «Som Escola», una plataforma que agrupa a medio centenar de entidades cívicas y educativas que tiene como objetivo que se blinde el modelo de inmersión lingüística: «Ara i sempre, l’escola en català» (ahora y siempre, la escuela en catalán). Éste es el eslogan de la manifestación, pero también el lema que utiliza esta plataforma. ¿Y quién forma parte de Som Escola? Entidades en la órbita del independentismo, como Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua o el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, pero también algunas agrupaciones de escuelas, como la Fundació Escola Cristiana. Y no nos podemos olvidar de los sindicatos. No sólo del sindicato de profesores USTEC-Stes, que en un comunicado llegó, incluso, a acusar a la familia del niño, a señalarla, sino también de las grandes organizaciones sindicales como UGT y CCOO que, en Cataluña, hacen una defensa a ultranza de la inmersión. Sindicatos que han estado callados estos últimos días, mientras la familia de Canet estaba siendo acosada. Pero el sábado sí irán a manifestarse.

La inacción del Gobierno

Mientras tanto, la cuenta atrás continúa ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. La Generalitat tenía dos meses para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo, de los que ya ha consumido tres semanas.

El Ejecutivo central aún no ha anunciado si la Abogacía del Estado va a solicitar la ejecución forzosa del fallo, que viene a dar la razón al exministro de Educación José Ignacio Wert. Fue él quien, hace seis años, recurrió el incumplimiento sistemático de la vehicularidad del castellano por parte del Govern y la cuota del 25 %.

Fuentes gubernamentales insisten en que es la Generalitat de Pere Aragonés la que debe dar cumplimiento a la resolución judicial. Y destacan que la Administración catalana aún tiene cinco semanas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz se limitó a señalar que el Gobierno entiende que la lengua es «un elemento de riqueza y no uno de confrontación y enfrentamiento», según Isabel Rodríguez. «Las aulas deben ser espacios de convivencia», añadió, instando a todas las administraciones públicas a «contribuir» a ello.