La Generalitat se niega a aplicar la sentencia del 25% de castellano

La Generalitat no quiere que se ejecute la sentencia del 25 % de castellano. Así se lo ha hecho saber al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en las alegaciones que ha presentado a la demanda de ejecución forzosa de la sentencia que presentó la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). Pide tiempo porque asegura el Govern, se está trabajando en un decreto de despliegue de régimen lingüístico o en la reforma de la ley de Política Lingüística.

Dice el Govern, por un lado, que está «llevando a cabo las actuaciones necesarias para garantizar normativamente el uso de las dos lenguas oficiales». Esto es el decreto de despliegue de régimen lingüístico, que según aseguró el consejero de Educación, Josep González Cambray, tiene dos objetivos: fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana y dotar de más seguridad jurídica a los proyectos educativos de los centros.

Pero además, los abogados del Govern cuestionan que sea el consejero de Educación el responsable de la aplicación de la sentencia, aunque fue él mismo el que se declaró responsable ante el TSJC. En el escrito alegan que la sentencia no especifica qué medidas se deben tomar para que se se cumpla la sentencia «ni si tiene que ser el Departamento de Educación o el Govern quienes las adopte, además sin descartar que sea el Parlament de Cataluña, el que adopte alguna iniciativa legislativa para dar estabilidad y seguridad jurídica a la controvertida cuestión».

Aquí entra el juego la reforma de la Ley de Política Lingüística pactada por los grupos parlamentarios de Esquerra, Junts, Comunes y PSC en la que no se habla en ningún momento de porcentajes y tampoco se dice que el castellano sea vehicular en la educación. Sí se dice que «el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo», y se añade que «también es utilizado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro». Recordemos, en cualquier caso, que en el último momento Junts se desdijo del pacto a la espera de conseguir más apoyos de las entidades que defienden el catalán y de la comunidad educativa.

En cualquier caso, el decreto que desplegará el régimen lingüístico y esta reforma de la ley de Política Lingüística le vale a la Generalitat para asegurar que sí se están dando pasos para que se cumpla la sentencia. De ahí que los abogados del Govern digan que «no es lícito afirmar que el departamento de Educación no ha realizado ninguna actividad normativa, como indica el instante de la ejecución». Pero también precisan que lo que no se puede pretender es que «se apruebe el proyecto de decreto saltándose todos los trámites y plazos».

Y con el tiempo también juega la Generalitat para negarse a aplicar la sentencia: «Obligar a aprobar, como pretende la Asamblea unas instrucciones o una circular a dos meses y medio para acabar el curso escolar, con la finalidad de modificar los proyectos lingüísticos, alterar la programación de todos los cursos y horarios, cambiar las dinámicas de impartición de las asignaturas y cambiar el material didáctico (..) sería totalmente contraproducente porque alteraría el normal funcionamiento de todas las aulas».

Pero la Generalitat también alega que la AEB no tiene legitimación activa para presentar este tipo de demanda porque no es parte afectada del proceso, en ningún momento ha formado parte de él y tampoco ha quedado acreditado que represente a alumnos o padres afectados directamente.