La Abogacía del Estado se pone de perfil y pide al TSJC que no ejecute por ahora la sentencia del 25%

La Abogacía del Estado se pone de perfil a la hora de hacer cumplir la sentencia del 25% de castellano. De hecho, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que no la ejecute, de momento, a la espera de si el Govern aplica las medidas para que se cumpla. Es lo que consta en las alegaciones presentadas por la Abogacía a la demanda de ejecución forzosa de la sentencia presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). En cambio, la Abogacía no cuestiona la legitimación de esta entidad para formar parte del proceso.

La Abogacía del Estado recuerda que la Generalitat comunicó al tribunal que está llevando a cabo una serie de medidas para supuestamente cumplir la sentencia. Entre ellas, recordemos, está la reforma de la ley de Política Lingüística, o el decreto de desarrollo del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña. En este sentido, la Abogacía explica que desde el gobierno catalán «se ha justificado el inicio del proceso de tramitación de dos medidas normativas (legal y reglamentaria). Así como una medida de control». Y de ahí que pida al tribunal que antes de tomar una decisión, «deberá apreciar previamente el grado de cumplimiento que implican las medidas comunicadas por la Generalitat de Cataluña».

Si se aceptan las alegaciones de la Abogacía del Estado, se retrasaría aún más la aplicación de la sentencia. Hay que recordar que todo este proceso nació precisamente de una demanda de este órgano. Fue en 2015, con un gobierno del PP. Desde el Ministerio de Educación, que dirigía entonces José Ignacio Wert, se ordenó a la Abogacía del Estado que demandara a la Generalitat por el decreto de matriculación escolar porque no se contemplaba el castellano como lengua vehicular. Finalmente, en 2020 llegó la sentencia histórica: se obligaba a la Generalitat a aplicar un mínimo del 25% de castellano en todo el sistema educativo de Cataluña.

De ahí que la presidenta de la AEB, Ana Losada, considere «incoherente» la postura de la Abogacía, porque fue «quien pidió que se cumpliera la ley». Aún así, precisa que la postura actual de la Abogacía del Estado es la «que ya preveíamos y por eso nos organizamos». Losada, lamenta, eso sí, que se ponga una vez más en evidencia «de que estamos ante un abandono institucional» y que sean los ciudadanos «los que tenemos que luchar para que se cumpla la Constitución en Cataluña».