Profesores catalanes tienen «miedo» a «represalias» si desobedecen al consejero de Educación y cumplen la sentencia del 25 %

«En Cataluña hay mucho miedo y con razón. Al profesorado no se le puede pedir que sea un mártir, porque los profesores, los directores y los inspectores, si se opusieran al consejero de Educación, tendrían muchísimos problemas». Es lo que nos dicen algunos docentes que no ven con buenos ojos las instrucciones que Josep González-Cambray ha enviado a los centros educativos para que desobedezcan la sentencia del 25 % de castellano. Sin ir más lejos, el propio consejero ha lanzado un aviso a navegantes: «Un maestro no escoge la lengua en que imparte la clase, sino que lo hace en la lengua que dice el proyecto lingüístico. Ahora no está pasando y hace falta ponerle solución». Y será la inspección educativa la que hará un seguimiento de que, efectivamente, se cumple el decreto aprobado por el Govern.

Uno de estos profesores que critica la política educativa de la Generalitat es Antonio Jimeno, presidente del sindicato AMES, de mejora de la enseñanza en secundaria. La realidad desde hace años, dice, es que no se puede utilizar el castellano en las aulas, salvo en la clase de español, propiamente. Y es que se corre el riesgo de que un profesor sea denunciado por el mero hecho de usar el castellano, «porque estaría dentro de la ilegalidad». Y no sólo los profesores tienen esta presión, sino también los directores, que, si ahora se oponen a las instrucciones del Departamento, una vez acabado o no, su mandato no sería renovado. Y lo mismo ocurre, apunta, con los inspectores, que además «son nombrados a dedo». Por eso dice Jimeno que «impera la ley del silencio», porque hay miedo a las represalias en un ámbito «dominado por los secesionistas» y en el que la «libertad de expresión sólo es para algunos», porque otros «tienen miedo a expresar su opinión».

Para Jimeno, los argumentos que da el consejero para no aplicar la sentencia «se aguantan con pinzas». Y una muestra es que la Generalitat no quiere saber nada de porcentajes en la educación obligatoria, pero, en cambio, apuesta porque en la universidad, el 80 % de las clases se den en catalán. «El mismo criterio para la universidad sirve, pero para otro tipo educación, ¿no?» se pregunta Jimeno.

Pero más allá de esta cuestión, este profesor apunta a que detrás de este intento de borrar el castellano no hay razones lingüísticas y ni mucho menos pedagógicas, sino ideológicas. Cree que el único objetivo es que sólo se conozca el catalán, y el inglés, si se da el caso. Todo forma parte, precisa, de «un programa de ingeniería social», que comienza en la escuela y después «continúa con los medios de comunicación públicos», para que a los niños y a los jóvenes les vaya calando una determinada forma de pensar: «Cataluña es una nación y ha de ser independiente», opina Antonio Jimeno.

Este docente explica que todo empezó en los años 80 con Jordi Pujol, y su idea de excluir el castellano e introducir la ideología en las escuelas. Todo eso, añade, «se ha hecho de forma lenta. Es como una apisonadora. A veces se han dado algunos pasitos para atrás. Y además favorecido desde Madrid». Según Jimeno uno de los grandes problemas es que «los catalanes que también se sienten españoles hemos sido el peón a comer para salvar al rey, en este caso, al presidente del Gobierno de turno».

Este profesor dice que debe escogerse «qué tipo de país queremos, si un estado de derecho o una dictadura donde se desobedece una sentencia judicial firme». Por eso cree que deben apartarse los cargos de responsabilidad política que incumplan la ley, y especialmente en este caso, el consejero de Educación, Josep González-Cambray.