ERC y Junts vuelven a estar a la greña por la reanudación del diálogo con el Gobierno central

La polémica por el llamado 'Catalangate', de espionaje a personas del entorno independentista, unió a ERC y Junts, al menos, a la hora de pedir explicaciones al Gobierno y «congelar» las relaciones con el ejecutivo de Pedro Sánchez hasta que éstas no se dieran y se tomaran las responsabilidades oportunas. Han sido unas semanas de relativa tranquilidad entre los socios del Gobierno de la Generalitat que vuelven a estar a la gresca por la «descongelación» precisamente de las relaciones con el Ejecutivo central.

Ya es de sobre conocido que los consejeros y los miembros de Junts han rechazado desde un primer momento la mesa de diálogo con el Gobierno, y ahora lo han vuelto a hacer evidente saliendo en tromba a cuestionar el encuentro entre la consejera de Presidencia Laura Vilagrà y el ministro Félix Bolaños, y la posibilidad de que haya un encuentro entre el presidente de la Generalitat y Pedro Sánchez para visualizar ese cambio.

El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, ha dejado claro que van a pedir «explicaciones» a Pere Aragonès sobre esta reunión con Pedro Sánchez, que está prevista que se celebre antes de las vacaciones de verano. Según Puigneró, en Junts «no teníamos ninguna información, sólo sabemos que se producirá, pero no sabemos ni cuándo, ni el orden del día». De hecho, según el vicepresidente, se enteraron a través de la rueda de prensa que ofreció la consejera Laura Vilagrá.

Tampoco gusta a Junts que de forma «unilateral» desde ERC se haya decidido retomar el diálogo, concretar el descongelamiento, cuando, según Puigneró, «con el Gobierno del PSOE hacen falta menos reuniones y más hacerle perder votaciones en el Congreso, que desgraciadamente es el único diálogo que entiende Sánchez», dejaba claro el vicepresidente de la Generalitat.

Puigneró recordaba que el Govern anunció en un acto en el Palacio de la Generalitat que se congelaban las relaciones con el Ejecutivo hasta que no hubiera «explicaciones y dimisiones» por el llamado 'Catalangate'. Y, sin embargo, considera que esta reunión entre Vilagrá y Bolaños «no ha servido para iniciar un proceso de descongelamiento con el Gobierno del Estado porque no hay ningún elemento que nos haga ver que las relaciones se tienen que descongelar, al contrario», señalaba. Y ponía como ejemplo, no sólo que no se hayan producido estas dimisiones y explicaciones, sino que, además, «no se ha parado la ofensiva contra el catalán» y se ha hecho público «el bajo nivel de inversiones del Estado en Cataluña».

A estas acusaciones de Puigneró respondía desde Suiza la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien apuntaba que Junts había votado a favor del 60 % de las iniciativas del Gobierno frente al 70 m% de los republicanos. «Menos declaraciones y más datos», decía Rovira, quien también decía que «hemos venido a construir soluciones, no a hacer ruido estéril».

Las declaraciones y contradeclaraciones entre republicanos y miembros de Junts no acabaron ahí. Carles Puigdemont dejaba claro que «no sirve de nada» reunirse con el Gobierno sin tener fijadas previamente «las condiciones y la metodología», ni tampoco «yendo divididos». Considera que es «perder el tiempo, contribuir a la desmovilización y a desesperanzar». Todo ello, después de acusar a políticos, jueces o periodistas de orquestar una campaña en contra del independentismo. ERC, por su lado, insistía en que «nos votan para ser útiles». Lo decía en concreto la consejera republicana, Laura Vilagrà.

Y en medio de todo este debate está la posibilidad de que Junts rompa el Govern de coalición con ERC. Todo ello a raíz de la ponencia política que se tiene que aprobar en unas semanas, en la que se deja claro que la formación «planteará a las bases la posibilidad de continuar en el Govern o no, o tomar otras iniciativas adecuadas a la situación». Se trata de valorar si se está cumpliendo el acuerdo de Gobierno, y a partir de ahí tomar una decisión. Y esta cuestión también está provocando tensiones internas en el seno de Junts.

Desde luego, los encontronazos entre los socios han sido una constante desde un primer momento, ya desde el pleno de investidura de Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. La posición de Junts obligó al republicano a pasar por un segundo debate y apurando plazos. A partir de ahí, se han enfrentado por diferentes cuestiones: por la mesa de diálogo; por el caso Juvillà, que puso a la presidenta del Parlament, Laura Borràs (de Junts) en entredicho.

También por la política lingüística: Junts a última hora de desmarcó del acuerdo para reformar la ley de política lingüística con el objetivo de saltarse la sentencia del 25% de castellano; por el apoyo de los comunes a los presupuestos de la Generalitat para 2022; por la ampliación del aeropuerto del Prat o más recientemente por la necesidad o no de que se construya el llamado cuarto cinturón en el Vallès, como una solución para descongestionar la autopista AP-7. ERC quiere pararlo, Junts quiere que se construya.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, parecería difícil que pudieran seguir gobernando juntos ambas formaciones. Pero están en juego puestos de trabajo. En un ejecutivo sin Junts, la formación habría perdido, de entrada, unos 250 puestos entre altos cargos y asesores. Y es que muchos de estos puestos cesan automáticamente con el conseller. Y los sueldos suelen estar entre los 70.000 y los 100.000 euros. Se perdería, por tanto, dinero, pero también capacidad de influencia en el reparto de los medios de comunicación. De ahí también las dudas internas en el seno de Junts.