Cataluña  El TSJC procesa a la presidenta del Parlament por un presunto fraude en 18 contratos públicos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha cerrado la instrucción de la causa que pesa sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y ha decretado el procesamiento, por segunda vez, de la política catalana, por las presuntas irregularidades cometidas en 18 contratos menores cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), para favorecer a un amigo.

Así lo ha decretado el TSJC en un auto en el que el órgano judicial sitúa al pie del banquillo a la separatista, y a tres sospechosos, como supuesta autora de varios delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada. Es la seguna ocasión en la que Borrás llega a este punto procesal tras recurrir, el pasado mes de marzo, la decisión del juez al frente de las pesquisas alegando que se había vulnerado su derecho de defensa. En aquella ocasión, el tribunal estimó el recurso y retomó la investigación que ahora, una vez concluidos los nuevos interrogatorios practicados, ha dado por concluida de nuevo.

En este nuevo plazo de instrucción, el juez recabó unos audios en los que, tras saber que se estaba investigando el caso, Borràs pedía a un funcionario de la ILC que le avisara «en seguida» si los Mossos d'Esquadra volvían a preguntar por los contratos investigados. Uno de los muchos indicios que apuntan a cómo Borràs y su amigo Isaías H., concertarón una estrategia para que él cobrara a través de varios pagos de contratos menores «un contrato anual encubierto» en la ILC.

Esto es -tal y como él mismo lo definió al explicarlo a un tercer procesado en la causa por presuntamente ayudarle en su objetivo- el acuerdo alcanzado entre los dos principales acusados suponía trocear varios encargos pequeños que, en realidad eran más grandes, para suavizar los requisitos de la contratación pública.

Además de Borràs e Isaías H., están encausados Andreu P., quien, supuestamente, participó en la confección de los presupuestos y facturas, emitidos con diferentes nombres, a presentar a la ILC; y, el técnico de la institución Roger E. por su papel como facilitador de los trámites administrativos.

«La cuestión es fraccionar»

En uno de los varios correos que intercambiaron, Isaías H. le dijo a Borràs: «Se me hace extraño y complicado tener que hacer este 'trapi'... ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que liar a varias para que me hagan facturas de tres kilos!», y ella le contestó que en el presupuesto debía figurar como si fueran profesionales independientes con facturas no superiores a 18.000 euros más IVA.

«Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en diferentes es cuando entonces piensan que hay una infracción. La cuestión es fraccionar, pues, cada uno de los conceptos para que quede claro que son como partes que hay que ir ensamblando conjuntamente», alegó Borràs, y añadió que también deberían repartir las facturas en distintos años.

Un total de 330.000 euros

El juez recuerda que Borràs, como directora, tenía entre sus funciones administrar los fondos de la institución, aprobar gastos, ordenar pagos y suscribir contratos, y constata que intervino en estos 18 contratos menores proponiéndolos, adjudicándolos, aprobando el gasto y autorizando el pago.

En esta causa se indaga sobre un total de 330.442,65 euros en contrataciones de ILC, que se adjudicaron en 18 contratos menores, seis de ellos directamente a Isaías H. por un total de 112.503,50 euros, una al también investigado Andreu P. y el resto a distintas empresas -de las cuales Isaías H. era socio de dos-.

A tenor de la contratación adjudicada a Andreu P., más tarde Isaías H. le reclamó las facturas que tenían a medias y en un mail le dijo que no hiciera caso de los precios porque no eran ni si quiera orientativos, sino que eran facturas para cobrar un contrato anual «encubierto» en la ILC, según constata el juez.

Además, en una conversación intervenida a Isaías H. en noviembre de 2017, él mostró su preocupación por que una intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución pudiera destapar «marrones» que dijo tener relacionados con la contratación de los servicios que prestaba a la ILC. En la misma conversación, expuso que para ILC tenía que hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos: «Porque yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos 'trapis' por ahí».

Al registrar el ordenador de Isaías H., la policía encontró todos los presupuestos y facturas que se habían presentado en estos 18 expedientes de contratación menor, algunos guardados en una carpeta llamada 'presupuestos-LAURA'.

Además, el instructor ha hallado un correo electrónico en que él le envió los presupuestos a nombre de empresas que consiguieron contratos y de una freelance amiga de él, con las indicaciones 'no ok' y 'ok'.