Denuncian ante la justicia la orden del Gobierno catalán para marginar el español en los colegios

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha denunciado hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las instrucciones que la Generalitat ha enviado a los centros educativos de cara al inicio del próximo curso escolar y que tiene como objetivo marginar al castellano en todas las actividades que se lleven a cabo. La AEB pide que no se apliquen estas instrucciones que excluyen al español «de todo el ámbito escolar» por vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Desde la AEB consideran que se conculca el derecho a la no discriminación y a la educación, que contempla que «todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales». La entidad pide como medida cautelarísima que el tribunal «ordene al Departamento de Educación» para que se incluya en los proyect6os lingüísticos de los centros educativos «al castellano como lengua vehicular de enseñanza y de referencia (además del catalán, el aranés en el Valle de Arán y la lengua de signos catalana). En consecuencia con lo anterior, al menos una asignatura, materia, área o actividad de carácter troncal o análogo (o la equivalente en el nuevo currículo) se deberá desarrollar en castellano».

El documento que ha enviado el Govern, titulado 'Documents per a l'organització i gestió dels centres. Curs 2022-2023' deja claro que el catalán, además de lengua de aprendizaje, es la lengua de la institución, y por este motivo, «la de uso habitual en todos los espacios del centro, en la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general». En este sentido, y según publica el diario El Mundo, se precisa que «las actividades internas de los centros, tanto orales como escritas (reuniones, actas, informes...), las exposiciones de los profesores, las actividades de aprendizaje y evaluación, la interacción entre docentes y alumnos, las actividades de formación del profesorado, las actividades extraescolares o el comedor».

Cumplir con la inmersión lingüística

También se establece la figura del coordinador lingüístico, cada centro deberá tener uno, y que tendrá como misión que se cumpla en la escuela la inmersión lingüística. Todo ello se establece en un documento de más de 80 páginas en el que apenas hay referencias al castellano, y en cualquier caso, se le da el estatus de lengua «curricular». Se garantiza la «atención individualizada» de un alumno de «la primera enseñanza» si la familia así lo pide; y es más, se incluye en el apartado de «apoyos lingüísticos complementarios», dirigidos a alumnos venidos de fuera de Cataluña.

Y todo esto es posible por la situación de impás en la que se encuentra el uso del castellano en las escuelas, tras los cambios normativos introducidos por la Generalitat en los que se prohíbe expresamente el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas. Una medida que se tomó para saltarse la sentencia que fijaba un mínimo del 25 % de castellano en todos los colegios de Cataluña. De ahí que el TSJC, recientemente, no aceptara la medida cautelar para una familia que había pedido más educación en castellano, teniendo en cuenta el decreto del Govern y la ley de usos lingüísticos aprobada por el Parlament. Aunque en ambos casos, el TSJC ve claros indicios de inconstitucionalidad.

De hecho, en la providencia del tribunal catalán en la que rechazaba esta medida cautelar, los magistrados dejaban claro que «ambos textos legales contravienen los fundamentos constitucionales de la consideración del castellano como lengua vehicular de la enseñanza», que han fijado el TSJC en varias ocasiones; y también dicen que «definen un modelo lingüístico en el ámbito escolar que resulta incompatible con los parámetros sobre el modelo de conjunción lingüística tomados en consideración en la reiterada interpretación conforme a la Constitución realizada por esta Sala, así como por la jurisprudencia del Tribunal Supremo».