Jordi Pujol y Artur Mas
Cataluña
Anticorrupción pide al partido de Jordi Pujol y Artur Mas 374 millones y penas de hasta 20 años de cárcel por el caso 3 %
Casi dos décadas después, la trama de corrupción de Convergencia Democrática de Cataluña aún no ha sido juzgada, pero la justicia, aunque lenta, avanza de forma inexorable
La primera vez que se oyó hablar del 3 % fue en el Parlamento catalán, corría 2005 y durante una sesión de control el entonces presidente Pasqual Maragall (PSC) le espetó al jefe de la oposición, Artur Mas (CDC): «Ustedes tienen un problema y todos sabemos que se llama 3 %». Inmediatamente, Mas, muy ofendido, rompió toda relación con Maragall. Casi dos décadas después, la trama de corrupción de CDC aún no ha sido juzgada, pero la justicia, aunque lenta, avanza de forma inexorable.
El fiscal anticorrupción José Grinda ha pedido penas de hasta 20 años y casi 400 millones de indemnización a diversos cargos de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) por el caso 3 %, una trama de corrupción por la que el partido fundado por Jordi Pujol, según la instrucción, cobró 2,8 millones de euros en comisiones a diversas empresas entre 2008 y 2015 con Artur Mas al frente del partido.
Al PDeCat, partido fundado por Artur Mas y actualmente con cuatro diputados en el Congreso, aliado habitual del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, la Fiscalía le pide un millón de euros por blanqueo de capitales.
La Fiscalía considera que desde CDC se monitorizaban las convocatorias de concursos públicos en diversas administraciones y se manipulaban las mismas para adjudicarlas a las empresas que aceptaban la extorsión. Era el gerente de CDC, Andreu Viloca, el que contactaba con las empresas para ofrecerles la transacción ilegal, y Germà Gordo, por entonces gerente del partido, y a posteriori Consejero de Justicia de la Generalitat, quien presuntamente concretaba los porcentajes y se encargaba también de reclamar los cobros si alguna empresa se demoraba en el pago de la mordida. En la operativa también intervenía Francesc Sánchez, director del área jurídica de CDC.
La Fiscalía Anticorrupción tiene demostrados hasta 31 casos entre 2008 y 2015. Artur Mas fue presidente de la Generalitat entre 2010 y 2016, pero, además de consejerías y empresas de la Generalitat, las mordidas también se cobraban en otras administraciones bajo control de los nacionalistas, como la Autoridad del Puerto de Barcelona y organismos de la ciudad de Barcelona donde CDC gobernó, con Xavier Trías, que ahora se plantea volver a presentarse, entre 2011 y 2015. También se cobraron comisiones por adjudicaciones de obras en Ayuntamientos gobernados por CDC como Olot (Gerona), Figueres (Gerona), Lloret de Mar (Gerona) e incluso por obras realizadas en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau en Barcelona.
Pagos de comisiones a través de las fundaciones vinculadas al partido
Aunque el caso se llama 3 %, el cobro de comisiones podía alcanzar porcentajes muy superiores y consistía en que las empresas beneficiadas por las alteraciones de los concursos realizaban donaciones a la fundación Fòrum Europa y al think tank Cat Dem, ambos vinculados a CDC.
Según narran los más de 200 folios de la Fiscalía, una vez la empresa adjudicataria había pagado la comisión ilegal a la Fundación desde CDC, se emitía una factura a la misma por servicios inexistentes y así el dinero pasaba al partido. En total se han documento ingresos por valor de 2,8 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que en realidad tanto Fòrum Europa como Cat Dem eran herramientas al servicio de CDC y que su contabilidad, que estaba doblada entre la oficial y la ilegal, se gestionaba íntegramente desde la sede de CDC, dado que las reuniones con las empresas que luego ganaban los concursos públicos se llevaban a cabo en los despachos del partido.
Los investigados que han colaborado en la instrucción con la Fiscalía Anticorrupción se enfrentan a peticiones de penas leves. Así, por ejemplo para Daniel Osácar, que fue tesorero de CDC, solo se solicitan trabajos para la comunidad, y para Francesc Sánchez, un año de cárcel y medio millón de euros de multa. Asimismo, para los empresarios que pagaron las mordidas y han facilitado la investigación también se piden penas muy leves, en cambio para todos los investigados que no han sido colaborativos se piden penas de hasta 20 años de cárcel, las más altas afectan a Andreu Viloca y Germà Gordo, para los que se solicitan 21 años y 10 meses y 18 años y 10 meses, respectivamente.
También hay peticiones de penas para otros altos cargos de CDC como el exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Trias, Xavier Vives, para que el que se solicita una pena de seis años y un mes, o el expresidente del Puerto de Barcelona, exsenador y exdirectivo del FC Barcelona, Sixte Cambra, que se enfrenta a una petición de cuatro años y medio.
Los directivos de las empresas implicadas: COPISA, Urbaser, Teyco, Benito Arno, Oproler, Grupo Soler, … etc. también deben hacer frente a penas que en algunos casos alcanzan los diez años de prisión.
El procés no fue ajeno a la corrupción
Las noticias de corrupción en CDC fueron una de las razones por las que Artur Mas aceleró el giro definitivo de su partido hacia la independencia en 2012 creando así una cortina de humo sobre las prácticas mafiosas de CDC.
En junio de 2018 se condenó al hijo de Jordi Pujol Oriol a dos años de cárcel por el caso ITV, un caso que se remonta a tráfico de influencias en la adjudicación de una concesión técnica de vehículos en 2011. Pujol entró en prisión en 2019 y salió de la misma con el tercer grado una semana después.