La Generalitat multiplica por cinco la cantidad recaudada por multas lingüísticas desde 2019

La Agencia Catalana de Consumo abrió en 2019, 83 expedientes por «vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores», eso es por no cumplir el régimen lingüístico que obliga a que los rótulos, la información de carácter fijo, presupuestos, catálogos o facturas de los comercios estén en catalán. Aquel año recaudó por este concepto 25.087 euros. En 2020 fueron 46 los expedientes abiertos, pero se recaudaron más de 96.000 euros en multas y en 2021 se abrieron 18 expedientes, y la cantidad por sanciones lingüísticas subieron a unos 123.400 euros.

Así consta en una respuesta que ha dado el departamento de Empresa y Trabajo, que dirige Roger Torrent (ERC) al diputado no adscrito, Antonio Gallego. La Generalitat asegura, en relación a los importes, que es una cuestión muy «irregular» porque «las sanciones impuestas un año, algunas se cobran dentro del mismo año, pero muchas otras no, tienen que ir por la vía ejecutiva (y en algún caso se cobran mucho tiempo después de ser cobradas)».

En la respuesta, también se dice que es muy habitual que un establecimiento «tenga varios incumplimientos respecto a los derechos lingüísticos». En cualquier caso, todo apunta de que se ponen menos expedientes, pero las cuantías de las multas son más elevadas. Pueden llegar a los 10.000 euros. El diputado Antonio Gallego denuncia que «las multas lingüísticas son una aberración liberticida que vulnera los derechos fundamentales de miles de autónomos y empresarios catalanes. Habría que eliminarlas inmediatamente, detener todos los expedientes en curso e, incluso, la devolución, con carácter retroactivo de las mismas».

La Generalitat presentó hace unos meses las 100 medidas para impulsar, aún más, el uso del catalán en diferentes ámbitos, entre ellos el que afectaba a empresas y comercios. Se aseguró que la voluntad del ejecutivo catalán no era la de imponer multas, y por este motivo, según el Govern, se ha propuesto que, en determinados casos, se puedan sustituir las multas lingüísticas por cursos formativos para los trabajadores. Pero las cifras no acaban de dar la razón a la Generalitat.

Más de un millón de euros recaudados en multas lingüísticas

Fue en 2010, cuando se aprobó la ley del Código de Consumo de Cataluña, que daba validez legal a las multas lingüísticas. Gobernaba en la Generalitat el tripartito formado por PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya. Aunque eso mismo año cogió el relevo al frente del gobierno catalán Artur Mas, y fue entonces cuando las sanciones empezaron a interponerse, algo que no había sucedido prácticamente en los meses anteriores. Desde entonces la Generalitat ha multado a 1.438 empresas a las que ha sancionado con multas por valor de más de 1,1 millones €.

Y lo cierto es que estas multas surten efecto. Según ha denunciado Convivencia Cívica Catalana, sólo el 15 % de los comercios en Barcelona tiene el letrero en español, mientras que en Lérida es del 9 % y en Gerona aún baja más este porcentaje, hasta el 5 %. La entidad lamenta que «los separatistas no tienen suficiente, siguen persiguiendo y multando a los pocos que lo usan. No buscan proteger el catalán, buscan erradicar el y lo español».

Otra entidad que lucha por el bilingüismo y porque se erradiquen este tipo de multas es Impulso Ciudadano. Su presidente, José Domingo, ve con buenos ojos que se faciliten cursos de catalán y de castellano a los trabajadores, «pero nunca como alternativa al régimen sancionador». Y deja claro que se tiene que «acabar con la política represiva de las multas lingüísticas». También lamenta que en Cataluña se haya optado por la vía «radical, de la denuncia y de la sanción» y que esté siendo «estimulada» por los elementos «más radicales de la sociedad catalana», como es el caso de Plataforma per la Llengua. Unas asociaciones, dice Domingo, que postulan «un imposible derecho a vivir sólo el catalán, cuando en un régimen democrático se debe postular vivir en libertad, y que se utilice el catalán o el castellano».