La presidenta de Junts, Laura Borràs, durante un juicio
Cataluña
Laura Borràs cobrará una pensión de jubilación de más de 60.000 euros anuales aunque acabe condenada
La posible condena a la presidenta del Parlamento catalán ha puesto encima de la mesa la idoneidad del pago de estas altas remuneraciones
La presidencia del Parlamento catalán es la mejor remunerada de todos los Parlamentos autonómicos de España, con un salario de 155.570 euros anuales; el doble de lo que recibe el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, la presidencia del Parlamento está retribuida al cesar del cargo con una indemnización durante dos años correspondiente al 80 % del salario, o sea, 124.560 euros anuales y, en caso de cumplir un mínimo de dos años en el cargo, con una pensión del 40 % de dicho salario al llegar a los 65 años. Esto permite a expresidentes del Parlamento como Carme Forcadell, condenada en el juicio del Procès, jubilarse con una pensión de 62.280 euros anules, 50.000 euros por encima de la pensión máxima.
Las pensiones doradas que paga el Parlament a sus expresidentes no solo afectan a Forcadell o a Borràs; también a los republicanos Ernest Benach y Roger Torrent –actualmente consejero de empresa de la Generalitat de Cataluña– y a los expresidentes miembros de la desaparecida Unió Democrática de Catalunya de Duran i Lleida, Nuria de Gispert y Joan Rigol. Estos dos últimos por su edad ya están cobrando dicha pensión.
La postura del PSC
La posible condena a la actual presidenta del Parlamento catalán –pendiente de sentencia y suspendida de sus funciones por trocear un contrato para favorecer a un amigo suyo cuando dirigía en Instituto de las Letras Catalanas– ha puesto encima de la mesa la idoneidad del pago de estas altas pensiones. El PSC, necesitado de desmarcarse de ERC tras aprobar los presupuestos de la Generalitat que incluyen la financiación de las embajadas de la Generalitat en el exterior o el desarrollo de la nueva ley lingüística que margina el español en las escuelas catalanas, ha visto en esta propuesta la oportunidad de crear una cortina de humo.
El caso de Borràs, que, a pesar de la suspensión, no ha sido formalmente cesada, genera una gran polémica porque ha superado los dos años en el cargo sin ejercerlo, al haber sido apartada de sus funciones temporalmente a la espera de la sentencia judicial. En consecuencia, a pesar de que sea condenada e inhabilitada podría percibir tanto la remuneración por cese como la pensión de jubilación.
Los pagos de pensiones en el Parlamento catalán han generado una gran polémica desde que el diario Ara reveló que más de 20 altos funcionarios de la institución habían percibido salarios de hasta más de 10.000 euros mensuales sin acudir a su trabajo en una especie de sistema de prejubilación al cumplir los sesenta años.
El sistema se puso en marcho en 2008, durante los años el tripartito –Gobierno autonómico del PSC, ERC e ICV– y con ERC en la presidencia del Parlamento; que permitía a los funcionarios con más de 25 años de trabajo en el Parlamento regional cobrar la totalidad del salario sin acudir al trabajo hasta llegar a la edad legal de jubilación.
Al estallar el escándalo la mesa del Parlament, de mayoría independentista, no suprimió estos privilegios, sino que recortó de cinco a tres años los salarios a percibir a modo de prejubilación. Este gasto supone un desembolso de 1,7 millones de euros anuales, y en el caso máximo se han llegado a pagar 0,8 millones de euros a una funcionaria por no acudir durante diez años a su trabajo.
