La Generalitat sigue con su desafío y desplegará un decreto que remarca el carácter vehicular del catalán

Sólo unos días después del que el TSJC dictaminara que tres escuelas de Cataluña debían aplicar el 25 % de castellano, en definitiva, que al menos una asignatura troncal más se dé en español, la Generalitat mueve ficha. Ahora ha anunciado que desplegará un decreto, que desde este lunes está en exposición pública, por el que se remarca el carácter vehicular del catalán en la escuela.

Además servirá, según el Departamento, para reforzar la seguridad jurídica de los centros con sus proyectos lingüísticos. Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Anna Simó, quien ha insistido en la necesidad de proteger el catalán ante la «amenaza» por el «avance» de la derecha y la «ultraderecha».

El decreto, que se enmarca en el plan de fomento del catalán, parte de la base de que esta lengua «sea un eje a partir del cual se vertebre el proyecto educativo» del centro. Y por este motivo, recogerá, entre otras cuestiones, cómo elaborar y revisar los proyectos lingüísticos, y dejará claro que la responsabilidad recaerá sobre el propio Departamento y no sobre las direcciones de las escuelas.

La consejera de Educación dice que este decreto tenía que haberse aprobado «hace años». Pero al hacerlo en estos momentos, ya incorpora cuestiones que recogen el decreto ley sobre proyectos lingüísticos aprobado por la Generalitat y la ley del catalán en la escuela, que prohíben expresamente el uso de porcentajes en la enseñanza de lenguas, para burlar la sentencia sobre el 25% de castellano. La constitucionalidad de ambas normas, por cierto, la tiene que estudiar el TC.

El C2 de catalán

También establecerá este decreto que el C2 de catalán sea un requisito para acceder a la función pública docente a partir del curso 2025-2026. Se ha decidido dar más margen para ver cómo acaba el proceso de estabilización actual que acabará a finales del año próximo. También recoge que el alumno tendrá la competencia en tres lenguas, la acogida personalizada del alumnado recién llegado y deja clara la adecuación del modelo de inmersión lingüística.

Se trata de impulsar aún más la protección del catalán en las escuelas ante la «amenaza» que, según la consejera, vive esta lengua por parte de los gobiernos de «derecha o extrema derecha» que han surgido en otras comunidades autónomas, en referencia a Baleares o la Comunidad Valenciana.

Pero Anna Simó también ha vuelto a cargar contra los jueces y contra el TSJC por hacer política y «entrar en campaña», sobre todo después de la resolución por la que tres centros debían ofrecer más educación en castellano.

Polémicos proyectos lingüísticos

Precisamente los proyectos educativos de algunos centros en Cataluña están siendo objeto de polémica. Así, por ejemplo, la Escuela Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts, y cuya directora fue en las listas de Junts en las últimas elecciones municipales, prohíbe a la profesora de castellano acceder a las aulas fuera de las horas en las que imparte su asignatura. Con esta medida, el centro pretende evitar que los alumnos puedan dirigirse a ella en castellano y provocar «interferencias» en la distribución horaria del centro en relación al refuerzo de la lengua.

En el caso de la Escuela Arquitecte Gaudí de Sant Feliu de Llobregat, en el proyecto lingüístico se «fiscaliza» la lengua «habitual» de cada uno de sus empleados: el conserje, la cocinera y su ayudante, administrativa o los monitores de comedor. O en el de la escuela Bon Salvador, también de Sant Feliu, se asocia el español con la inmigración venida de otras partes de España. En el texto se dice que la comarca del Baix Llobregat «ha sido tradicionalmente receptora de una gran cantidad de inmigración procedente de varias zonas de España» y esta situación «repercute» en el alumnado, puesto que «a pesar de que los padres hayan nacido en Cataluña y hablen catalán, tienen como lengua materna el castellano».