Oportunitat500: el proyecto para repoblar micropueblos de Cataluña sólo para refugiados e inmigrantes

La polémica se originó a raíz de la respuesta que dio la entidad que lleva a cabo el proyecto Oportunitat500 a un usuario que se había interesado en participar: «El proyecto de repoblación que llevamos a cabo desde la Asociación de Micropueblos conjuntamente con el SOC está dirigido sólo a personas migradas».

¿Y en qué consiste el proyecto? Luchar contra la despoblación en municipios rurales pequeños, de menos de 500 habitantes. Para hacer más atractiva la oferta, se ofrece un contrato laboral de uno año, que está financiado por el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) y una vivienda de alquiler que proporciona el ayuntamiento de ese municipio ¿El requisito? Ser refugiado o inmigrante con papeles. Desde la Asociación de Micropueblos aseguran que es una forma para que estos municipios se puedan posicionar también en la acogida de estas personas y «liderar la construcción de una voz propia».

Detrás de este proyecto, además de la asociación, está la consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalitat y el Servicio de Ocupación de Cataluña el SOC, que aporta casi un millón de euros. En concreto, el servicio catalán de ocupación paga casi 20.000 euros brutos anuales a cada trabajador, mientras que los consistorios, como decíamos, se encargan de buscarles una vivienda. Y también son los propios ayuntamientos los que buscarán una salida laboral a los que participen en este proyecto una vez acabe ese año de prueba. Además, cinco técnicos del SOC se encargan de acompañarles y orientarles.

La mayoría son refugiados

La prueba piloto se inició en octubre del año pasado. Se inscribieron 370 personas y se seleccionaron una treintena, de los que 24 son refugiados. Proceden de Ucrania, Siria, Colombia, Afganistán, Venezuela, Honduras, Marruecos o Perú. Más de la mitad son hombres. También decidieron participar en la iniciativa 25 ayuntamientos, como Ulldemolins, Torre de Fontaubella. Ordis o Almatret.

Pero la respuesta que recibió el interesado en participar en el proyecto, no gustó a muchos. Consideran «racista» y «discriminatorio» que se dirija la oferta sólo a inmigrantes o a refugiados, cuando «hay muchos jóvenes catalanes que estaríamos encantados de repoblar estos pueblos», se podía leer en las redes sociales. Y no faltó la intervención de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, para lamentar que la administración no hiciera nada para que estos pueblos fueran perdiendo vecinos, mientras que ahora «invertirá los recursos que haga falta para repoblarlas con inmigrantes».

La Generalitat se defiende

Desde la asociación, y también desde la consejería de Igualdad y Feminismos se defienden de las críticas. La consejería asegura que hay otro tipo de ayudas que tienen el mismo objetivo, pero van dirigidas a personas que se encuentran en otras casuísticas. Y la Asociación de Micropueblos explica que se trata de un programa piloto «destinado a personas migradas y refugiadas con características muy concretas». Y dejan claro que los beneficiarios «trabajan y se hacen cargo de los gastos del alojamiento que se les proporciona».

También aseguran que acompañan a las familias en el proceso de integración, que va desde los trámites, la escolarización de niños o el aprendizaje del catalán y del castellano, pasando por la búsqueda de trabajo. Y aseguran que para otros perfiles de candidatos y circunstancias «existen líneas de ayudas y programas que la administración pone a disposición de los entes locales como, por ejemplo, el Programa Trabajo y Formación. Se necesitan más y así lo solicitamos donde toca».

A muchos usuarios no les ha convencido la respuesta porque por ejemplo, el programa Trabajo y Formación al que se refería la Asociación de Micropuebos está destinado, según dice en la convocatoria de este año, a «uno de los colectivos de personas más desprotegidos y, por lo tanto, con más riesgo de exclusión social: las personas migradas en situación administrativa irregular que cumplan los requisitos para obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de arraigo social y que puedan suscribir un contrato de trabajo». En este caso, el SOC subvenciona los contratos laborales de doce meses de duración a jornada completa.