Sabotaje independentista

Dos bidones y un dispositivo de activación con electroválvula: así era el artefacto para boicotear la Vuelta

La Policía Nacional detuvo a cuatro radicales independentistas por preparar actos contra el mayor evento ciclista español entre acusaciones de Junts y ERC de que España era una dictadura

El independentismo catalán bramó este lunes contra la detención en la provincia de Lérida por parte de la Policía Nacional de cuatro personas que preparaban contra la Vuelta ciclista a España 2023 entre acusaciones de que España era una dictadura. Sin embargo, ahora ha trascendido un vídeo en el que aparece una artefacto que, de haberse activado, habría puesto en grave peligro la vida de los corredores.

Se trata de un artilugio compuesto por dos bidones de 200 litros de un líquido similar al aceite de motor, que serían derramados por la carretera al paso del pelotón por un tramo sito entre las localidades de Suria (Barcelona) y Arinsal (Andorra), según ha informado la Policía.

Este artefacto, que estaba escondido entre la vegetación y atado con cuerdas, estaba conformado también por un dispositivo de activación con una electroválvula y un temporizador que derramaría el aceite –pendiente todavía de análisis para conocer su composición por parte de los especialistas de la Policía Científica– a través de unas mangueras que llegaban hasta la carretera.

Los saboteadores fueron detenidos por los agentes el sábado en la comarca del Solsonès, después de haber utilizado senderos secundarios para evitar ser vistos. En el momento de ser apresados, ninguno portaba el teléfono móvil, entre otras medidas de seguridad que dificultaron su vigilancia. Y es que las autoridades estaban alerta ante el anuncio de los separatistas de boicotear la Vuelta para visibilizar «el conflicto» catalán.

Un grupo criminal

No en vano, durante las primeras jornadas de esta competición se había detectado tanto jabón como clavos sobre el firme, pudiendo provocar accidentes, aunque finalmente no se llegó a mayores. Este lunes, los radicales fueron puestos en libertad a la una de la tarde, acusados de delitos de pertenencia a grupo criminal, desórdenes públicos, contra la seguridad vial y contra el medio ambiente.

Unas evidencias que no han impedido que los partidos separatistas catalanes mayoritarios pusieran el grito en el cielo ante la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, desde Junts, el partido del expresidente prófugo Carles Puigdemont, tanto la presidenta, Laura Borràs, como el secretario general, Jordi Turull, aseveraron antes de la liberación que «protestar no es delito» y que estas «detenciones preventivas son propias de regímenes autoritarios y caducos».

Desde ERC, el partido que actualmente ostenta el Gobierno de la Generalidad, tanto su presidente, Oriol Junqueras, como su secretaria general, Marta Rovira, criticaron las detenciones por ir en «contra las libertades fundamentales y los derechos humanos», además de ser una muestra de «represión política». Unas palabras que no se corresponden con lo que se ha conocido este martes.