Sociedad Civil Catalana pide al PP «que sea receptivo» ante un acercamiento con el PSOE

Sociedad Civil Catalana (SCC) pide que se recupere «el espíritu» de la Transición y que se forjen «amplios consensos en torno a asuntos de Estado» para evitar que se acabe cediendo a las peticiones de los separatistas y se apruebe una amnistía para los implicados en el proceso independentista.

En este sentido, reclama al PSOE, al ser el partido que tiene el encargo del Jefe del estado, de que «tome la iniciativa» y «lidere una próxima investidura en coalición para obtener una mayoría parlamentaria». Pero la entidad también pide al PP, como fuerza más votada, que «sea receptivo ante un acercamiento y considere propuestas».

Es la petición que hace Sociedad Civil Catalana a las dos grandes fuerzas políticas en España, porque «la integridad de España, la cohesión social y la pervivencia del Estado de derecho están ahora sujetas a la generosidad y altura de miras de ambos».

En un comunicado, la entidad les recuerda que los ciudadanos dieron su confianza a «las fuerzas que ocupan la centralidad política». Y por este motivo, dejan claro que «de la capacidad de los partidos para blindar las líneas rojas de la democracia ante minorías radicales que quieren imponer su insurgente hoja de ruta, depende que España se mantenga en la senda del progreso y la estabilidad».

Mejor una repetición electoral

Y si finalmente no se llega a ese acuerdo entre ambos partidos, SCC considera que «es necesario que la ciudadanía sea convocada a las urnas para, en base a programas electorales transparentes, tener la oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones fundamentales como la amnistía y la autodeterminación, que tendrían efectos demoledores en nuestro Estado democrático de derecho, en el que la soberanía nacional corresponde al pueblo español».

Recuerda también la entidad que «borrar un delito juzgado y condenado por el Tribunal Supremo para conceder la amnistía a quienes tan gravemente atentaron contra el orden constitucional desde las propias instituciones autonómicas, además de inconstitucional, atenta contra el principio fundamental de igualdad ante la Ley de todos los españoles». Y añade: «hacerlo a cambio de apoyos para una investidura constituiría una irresponsabilidad histórica y una deslealtad institucional grave que afecta a nuestro modelo de país».