Tres entidades civiles presentan un informe a la UE sobre la «quiebra» del Estado de derecho en España

Foro de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe han presentado a las autoridades de la UE un informe en el que se denuncia el «deterioro del Estado de Derecho en España». En sus cincuenta páginas se dan detalles sobre una decena de «vulneraciones» y que se observan tanto en las instituciones estatales como en la Generalitat. De hecho, dejan claro que estas prácticas, que se iniciaron a nivel autonómico, han acabado trasladándose al Estado. Denuncian también la «confusión entre partidos políticos e instituciones públicas».

Entre estos ejemplos de vulneración del Estado de derecho destacan los ataques a la independencia judicial. Y ponen como ejemplo las críticas que ha lanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al Tribunal Constitucional, cuando este órgano tenía que pronunciarse sobre recursos de amparo planteados por diputados en el Congreso.

Pero también se recuerda en este informe las críticas de miembros del Ejecutivo a la judicatura por la aplicación de la ley del sólo sí es sí, y que implicó la reducción de condenas a delincuentes sexuales. Los autores explican que se intentó culpar a los jueces de estas reducciones, acusándoles de «aplicar mal la reforma, vinculando esta mala aplicación a su presunto machismo o a su falta de formación en temas de género».

En el informe también se recoge la «apropiación indebida del Ministerio Fiscal y del Tribunal Constitucional». Y recuerdan que en el plazo de unos días, la ministra de Justicia pasó a ser Fiscal General del Estado (Dolores Delgado). Y recientemente el Supremo anuló el nombramiento como Fiscal de Delgado, por entender que se había actuado con «desviación de poder» al nombrarla, algo que consideran «especialmente grave». Pero también se recoge que han sido designados como magistrados del Constitucional el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y una jurista que, hasta hacía poco, era Directora General en el Ministerio de la Presidencia, Laura Díez Bueso.

«Tolerancia» con delitos de socios políticos

En el texto se denuncia también «la tolerancia con acciones delictivas en que incurren socios políticos del Gobierno», y un ejemplo de ello es la ley de amnistía, que ya ha superado su primer trámite parlamentario. Para los autores del informe implica «un debilitamiento de las garantías del Derecho penal para los ciudadanos». Y se desgranan algunas medidas concedidas y que van en la línea de «descriminalización» de algunos delitos.

Primero fueron los indultos; posteriormente la reforma del Código Penal por el que se eliminó el delito de sedición y se reformó el de malversación. Y todo ello, añaden, «como consecuencia de las presiones de los propios delincuentes condenados con el fin de beneficiar a estos y facilitar que puedan cometerse nuevas infracciones en el futuro supone un deterioro significativo del Estado de Derecho».

Y el ejemplo más evidente en este ámbito es la ley de amnistía, que «no se limita a favorecer la situación procesal de los que ahora están siendo investigados; sino que también legitimaría las actuaciones desarrolladas para conseguir la independencia de Cataluña». También se deja claro que otro de los objetivos es «corregir» al poder judicial, además de que se da a entender que algunas sentencias «tendrían como base opiniones políticas».

Por todo ello, concluyen que «la amnistía, como prolongación de los indultos y la reforma ‘a la carta’ del Código Penal, confirma una situación de arbitrariedad en la que determinados delincuentes se ven autorizados por las vías mencionadas para desafiar al Estado de Derecho. Esto en sí ya constituye una quiebra de éste; pero, además, implica una discriminación por razón de ideología y la desprotección de las víctimas de los delitos cometidos».

Por lo demás, también se recogen ejemplos sobre el control político de los medios de comunicación, el «abuso de la legislación de urgencia» o el uso «fraudulento» de la figura de la proposición de ley.

Son evidencias, dicen, que «no dejan muchas dudas sobre el deterioro del Estado de Derecho que se denuncia». Una crisis, insisten, que afecta a las instituciones del Estado, pero que previamente ya se han observado en las autonómicas; denuncian también la «confusión entre partidos políticos e instituciones públicas».

Y dejan claro que «la instrumentalización de las instituciones por los partidos, además, acaba afectando a los derechos de los ciudadanos, como hemos tenido ocasión de mostrar. En este sentido, es especialmente grave que las personas o instituciones de la sociedad civil se vean amenazadas directamente desde el poder o que se genere desde el poder un discurso del odio contra ellas que, lamentablemente, acaba teniendo consecuencias físicas: la violencia ejercida contra quienes discrepan».

El informe ha sido enviado al comisario de Justicia, Didier Reynders, y a los vicepresidentes de la Comisión Europea Vera Jourová y Margaritis Schinas; así como a los presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo y al Presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo.