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Alcaldes de Junts piden poder expulsar a los delincuentes extranjeros que reincidan
«No puede ser que haya personas con tantos antecedentes que hagan de la delincuencia su sistema de vida», alegan
Alcaldes de Junts per Catalunya de la comarca barcelonesa del Maresme se han concentrado esta semana a favor de la petición de uno de ellos, quien pide que se cambie la ley para que a los delincuentes extranjeros delincuentes que reincidan puedan ser expulsados. Y la dirección, sin esgrimir una valoración concreta, no les ha afeado la postura.
Todo partió de un llamamiento a la desesperada que realizó Marc Buch, primer edil de Calella, un municipio que tiene problemas de inseguridad y que ha pedido un cambio en la ley y «valentía a las instituciones» para que pueda expulsarse a los extranjeros que delincan repetidamente.
A su grito desesperado acudieron ocho alcaldes de otros municipios cercanos –Arenys de Mar, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Palafolls, Santa Susanna, Sant Pol de Mar y Tordera– quienes junto a Buch en noviembre ya remitieron una carta conjunta al conseller del Interior, Joan Ignasi Elena, exponiéndole la necesidad de dotar a este territorio de los efectivos policiales necesarios durante todo el año. Aún no han recibido respuesta.
El alcalde de Calella ha afirmado que «no puede ser que haya personas con tantos antecedentes que hagan de la delincuencia su sistema de vida y estén en la calle», según un comunicado de JxCat del Maresme.
Por este motivo, Buch ha pedido un cambio en la ley y también «valentía a las instituciones para poder expulsar a estos multireincidentes que han venido a Cataluña, no a trabajar, con los mecanismos legales de los que disponemos».
Por su parte, el presidente de la agrupación comarcal de JxCat en el Maresme, Carles Bosch, ha afirmado que han querido mostrar públicamente su apoyo al alcalde de Calella y ha asegurado que comparte plenamente las reivindicaciones de los ediles del territorio.
Bosch se ha mostrado partidario de emprender las medidas necesarias, incluida la de modificar la ley, para evitar que «los profesionales de la delincuencia sigan campando a sus anchas».