Borràs asegura que la cesión de competencias de inmigración permitirá a la Generalitat decidir el flujo migratorio

Junts no se va a contentar con un traspaso de mínimos en relación con las competencias de inmigración. Y aspira a que Cataluña pueda decidir sobre el reparto de inmigrantes a las comunidades autónomas. Eso y la posibilidad de decidir sobre permisos de residencia, cuestiones laborales o lingüísticas. Es lo que ha destacado la presidenta de Junts, Laura Borràs, quien no acaba de ver claro que si Cataluña representa un 16% de la población, esté recibiendo cupos próximos al 23%. Por lo tanto, aspiran a que una vez se concrete el acuerdo, Cataluña, la Generalitat, pueda decidir cómo se organizan esos flujos migratorios.

«Queremos y vamos a poder decidir de qué manera y cómo se organizan todas estas políticas en materia de inmigración», ha explicado Borràs en unas declaraciones a Telecinco después de señalar, eso sí, que Cataluña «es tierra de acogida». Pero lo cierto es que abren la puerta a que se pueda rechazar, desde Cataluña, las cuotas que el Gobierno fije. Según Borràs, como el Ejecutivo no explica el por qué de estas decisiones, «como eso compete a Cataluña y tiene lugar en Cataluña, Cataluña quiere poder decidir de qué manera eso se produce», ha remarcado.

Pero Junts no solo quiere controlar el flujo migratorio, sino también la concesión de permisos de residencia, el control de las fronteras o los requisitos lingüísticos para los inmigrantes. Eso es lo que ha dejado caer la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que ha dado algunos detalles de qué puede incluir la futura ley orgánica que ha acordado con el PSOE la formación, y de la que el Gobierno no quiere dar más detalles.

Como telón de fondo están las reivindicaciones que han hecho en las últimas semanas algunos alcaldes de Junts, como es el caso del de Calella, para que se expulse a migrantes multirreincidentes. Y hoy, el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha asegurado en unas declaraciones a Catalunya Ràdio, que la Generalitat tiene que poder decidir sobre esta cuestión, si se expulsa o no a las multirreincidentes y «en qué condiciones se les puede echar». De ahí que defienda que la Generalitat tenga «las competencias de cualquier estado», incluyendo permisos de residencia, flujos o cuestiones laborales.