Alba Vergés (c), a su llegada a su citación, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona este viernes
Cataluña
La exconsejera catalana defiende en el juzgado por qué se resistió a vacunar a Policía y guardias civiles
Alba Vergés ha declarado como investigada en el juzgado de instrucción que lleva la causa del retraso en la vacunación a estos agentes
La exconsejera de Salud de la Generalitat y ahora vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, ha defendido la gestión que hizo durante la campaña de vacunación de la covid y ha destacado que se siguieron siempre criterios sanitarios y técnicos, también en el caso de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Vergés ha declarado esta mañana como investigada en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona en la causa abierta a raíz de una querella del Jupol y del Jucil, que denunciaban que desde la Consejería se había retrasado de forma deliberada la vacunación de estos agentes.
Según Vergés, las acusaciones de los sindicatos policiales no tienen «base ni fundamento», porque se siguieron en todo momento los criterios técnicos que se fijaron para vacunar a toda la población, priorizando a los más vulnerables.
El problema para la exconsejera de Salud es que hay algunos mensajes de WhatsApp de sus subordinados que no la dejan en muy buen lugar. Los aportaron otros dos cargos del Departamento investigados, la entonces subdirectora general de promoción de la salud, Carmen Cabezas y el exsecretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.
En ellos, se dice: «La consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional» u «otra vez la consejera me pide para Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo, deberíamos pararlo». También se aportó otro que Cabezas envió a la jefa de gabinete de Vergés: «Yo creo que tenemos que hacerlos a todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras CCAA y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos».
El TSJC ordenó que se reanudara la vacunación
Pero para Vergés, con esta denuncia, «lo que hace la Policía y la Guardia Civil es cuestionar y ofender estos criterios profesionales y sanitarios». Pero lo cierto es que fue el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que ordenó a la Generalitat que reanudara la vacunación de los agentes, le dio un plazo de diez días, y basaba su decisión en un informe de la propia administración catalana.
Informe, que, según el tribunal, contenía datos muy «elocuentes». Así, por ejemplo, con fecha 22 de abril de 2021, un 80 % de los Mossos de Esquadra, un 71 % de policías locales, un 79 % de agentes de la Guardia Urbana estaban vacunados, frente a un 9,9 % de policías nacionales y un 6,3 % de agentes de la Guardia Civil.
Desde ERC, partido al que pertenece Vergés, creen que los sindicatos policiales están llevando a cabo una persecución política por unos hechos, que, según los republicanos, se ciñen a criterios técnicos. También recuerdan tanto las «dificultades de coordinación burocrática» para el censo de estos agentes como las indicaciones del Ministerio de Sanidad respecto a la vacunación con Astrazeneca con cambios de criterio recurrentes.
