Los problemas de Aragonès en la recta final de la legislatura: sequía, educación, sanidad y presupuestos

La intención del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, es agotar la legislatura y que las elecciones catalanas se convoquen en febrero de 2025. Así lo ha dicho por activa y por pasiva. Pero sobre la mesa tiene asuntos importantes que lo están erosionando, y mucho. Desde que salieron del Govern, desde Junts per Catalunya han pedido al presidente catalán que convoque elecciones, porque es imposible aguantar o hacerlo bien con 33 diputados. Menos beligerante se muestra el PSC, que sigue tendiendo la mano a Aragonès, teniendo en cuenta que la permanencia de Pedro Sánchez en la Moncloa depende también de los siete votos de los republicanos. En este caso, hay una necesidad recíproca.

Pero el presidente de la Generalitat tiene muchos frentes abiertos que no ha podido y no está pudiendo encarar. Es el caso de la gestión de la sequía; de los malos resultados del informe PISA, que han evidenciado que el sistema educativo deja mucho que desear; y a eso hay que añadir la complicada situación de la sanidad en Cataluña o los quebraderos de cabeza para que puedan salir adelante los presupuestos de la Generalitat para este 2024.

La sequía

Decía la portavoz del ejecutivo catalán, Patricia Plaja, después de la última reunión del Consejo Ejecutivo, que la gestión de la sequía que había llevado a cabo la Generalitat había sido «quirúrgica, planificada, ajustada y con previsión». Pero entidades sociales, ecologistas y los grupos de la oposición no lo ven así. No se han hecho las inversiones necesarias desde hace quince años para prevenir una situación como la que ahora está viviendo buena parte de Cataluña, con seis millones de personas afectadas por la declaración de fase de emergencia por sequía.

No se ha invertido lo suficiente, por ejemplo, en la mejora de las redes de suministro. Y ahí la comunidad tiene un problema importante con las fugas de agua. Por poner un ejemplo, se pierden 255.000 litros de agua potable al día desde hace más de 15 años en una cañería entre Santa Coloma de Gramenet y Badalona. Y hasta dentro de dos años no se va a poder solucionar completamente esta pérdida.

Desde 2008, cuando Cataluña vivió una situación parecida, se hablaba de la necesidad de construir más desaladoras. Y es ahora, en medio de este panorama desolador, que se ha decidido llevar a cabo la ampliación de la Tordera y la construcción de la desaladora de Foix que, en el mejor de los casos, no estarán a punto hasta 2028 y 2029 respectivamente.

Pero no se trata solo de eso. La Generalitat hace veinte años pedía la paralización del Plan Hidrológico Nacional porque contemplaba el trasvase de agua del Ebro hacia otras zonas necesitadas, siempre que hubiera excedente de agua. Y este verano puede ver cómo desde Valencia, desde Sagunto, en concreto, le tienen que enviar barcos con agua desalada. «El agua no entiende de colores políticos», aseguraba Patricia Plaja, quien dejaba claro que no puede haber una «guerra» por esta cuestión, porque hoy es Cataluña la que necesita agua, pero más adelante puede ser otra zona. Y eso sí, dejaba claro que «no se roba agua a nadie».

La oposición, en el último pleno, se lanzó en tromba contra la gestión del Govern, al que acusaron de actuar de forma «improvisada» y de hacerlo tarde y mal, porque hacen falta más infraestructuras; los municipios han ido totalmente desorientados los últimos meses, y le han recordado a la Generalitat que haya optado por «multar» y no colaborar con ellos; además de que uno de los sectores más perjudicados, como es el de la agricultura, no ha recibido las suficientes ayudas. Y eso que sobre la agricultura pesa una reducción en el consumo de agua, en esta fase de emergencia, que puede llegar al 80%.

Sanidad

La Generalitat ha tenido que lidiar a principios de este año con una huelga de enfermeras y otra de técnicos sanitarios. Reclamaban mejoras laborales y salariales ante el nuevo convenido firmado entre el Instituto Catalán de la Salud, el ICS, y los sindicatos mayoritarios. Para estos colectivos el acuerdo era totalmente insuficiente y no compensaba las pérdidas después de años de recortes.

Tras semanas de negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo con el Departamento de Salud, no solo en lo económico, también en el organizativo, y sobre todo, en el reconocimiento de estos profesionales. Pero esas huelgas provocaron retrasos en las pruebas diagnósticas, en analíticas, y otras se echaron a perder porque no pudieron procesarse a tiempo.

Y los que están en pie de guerra son los pediatras. No hay suficientes profesionales en Cataluña, y por este motivo, la consejería ha preparado un nuevo modelo de atención pediátrica. La idea es que haya 79 equipos territoriales, que tendrán una dirección propia, y que estarán formados por entre 8 y 15 pediatras y otros tantos enfermeros, además de otros especialistas en atención a los niños y adolescentes. Se ubicarán en los centros de atención primaria, en los CAP o en otros espacios y los desplazamientos para llegar no deberán superar los 30 minutos con medios de transporte habitual, desde el domicilio del paciente.

Los sindicatos aseguran que este modelo no soluciona la sobrecarga asistencial ni los problemas de conciliación de los profesionales, si es que no se destinan más recursos a la pediatría de atención primaria, que es, principalmente, uno de los principales motivos del déficit de especialistas. Y entidades sociales y usuarios han pedido al consejero de Salud, Manel Balcells, que dé marcha atrás en su propuesta, porque la concentración en grandes núcleos urbanos no favorecerá una asistencia de calidad. Se está a la espera de que este nuevo modelo se despliegue a lo largo de este año.

Educación

Los resultados del último informe PISA no han hecho más que confirmar lo que ya se intuía, teniendo en cuenta el bajón del nivel educativo que ya habían recogido las pruebas de competencias básicas que se hacen en sexto de Primaria y en cuarto de ESO, en los últimos años, especialmente en lenguas. En el caso de PISA, el alumnado catalán «ha empeorado claramente» en los tres ámbitos en los que se detiene el informe. Cataluña se sitúa por debajo de la media de los países de la OCDE y a la cola en España.

Así, por ejemplo, en matemáticas, Cataluña pierde 21 puntos y obtiene 469, muy lejos del líder, que es Singapur. Es la peor nota desde 2006. La media española es de 473 puntos. Solo están por detrás de Cataluña, en este ámbito, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. En ciencias, esta comunidad obtiene el peor dato desde 2003, con 477 puntos, y se queda a ocho puntos de la media española. Y también es importante el desplome en comprensión lectora. Cataluña ha conseguido 462 puntos, 22 menos que en las últimas pruebas, las del 2018. Y otro dato a tener en cuenta: el ministerio de Educación cifra en un 14 % la tasa de abandono escolar prematuro en Cataluña, por encima de la media de España que es del 13,6 %.

Y la Generalitat, tras conocerse el informe, no ha hecho más que dar bandazos. Primero porque atribuyó esos malos resultados a que en la muestra había una «sobrerrepresentación» del alumnado inmigrante. Ante la oleada de críticas por el argumento «xenófobo», no tuvo más remedio que dar marcha atrás. Aunque eso sí, la responsable de Educación, Anna Simó, se resistía a hacer cambios y aseguraba que lo importante era «hacer piña y no dar bandazos».

Finalmente, se decidió crear la 'Comisión educativa para el impulso de las mejoras en el sistema educativo', formada por 15 perfiles expertos. En marzo está previsto que la comisión tenga redactado un informe con las medidas que se deben empezar a aplicar para mejorar la educación a partir de septiembre de 2024, con el inicio del nuevo curso escolar, y que deberá recibir el visto bueno de los partidos políticos, que también podrán hacer sus aportaciones.

Pero los miembros de ese comité, o su perfil, ha recibido críticas, porque o bien son miembros de la propia administración o forman parte de entidades muy vinculadas a la Generalitat. Y los profesores también mantienen su tira y afloja con el departamento de Educación pidiendo mejores salariales y laborales.

Presupuestos

Pere Aragonès solo cuenta con 33 diputados y necesita sí o sí el apoyo de otros grupos. El año pasado, consiguió sacarlos adelante gracias a comunes y el PSC. Pero los socialistas se ponen duros. Su líder, Salvador Illa, ha advertido que si no se materializan los compromisos adquiridos en el pasado acuerdo de presupuestos, «no hay posibilidad» de abrir una nueva negociación.

Entre las cuestiones pendientes está la firma del convenio para la B-40; la aprobación del Plan de Desarrollo Urbanístico del Hard Rock y la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Desde el PSC apuestan porque se acepte la ampliación de la infraestructura que Aena puso encima de la mesa, mientras que los republicanos no lo ven claro. De hecho, desde ERC se aferran a ese acuerdo pactado con los socialistas, y que hablaba de «aumentar la capacidad» del aeropuerto, que no implica necesariamente, aseguran, asumir la propuesta de Aena.

Pero a esos temas fundamentales hay que añadir, dicen los socialistas, otros incumplimientos en temas relacionados con la sequía, cuestiones sociales o con los ayuntamientos. Por si acaso, desde hace un tiempo, los republicanos hacen continuos llamamientos a la «responsabilidad» de los grupos parlamentarios, pero especialmente del PSC, para que apoyen los presupuestos. Ante la postura de los socialistas catalanes, en ERC van presionando un poquito más. De momento, se han lanzado mensajes, más que advertencias serias, en la línea de que los presupuestos de la Generalitat y los del Estado tienen que ir de la mano. Y desde el PSC dicen que no «habrá cambios de cromos».

Y en medio de este panorama, cada vez surgen con más fuerza las voces que apuestan por un adelanto electoral en Cataluña para este otoño.