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Cataluña

El Supremo confirma la condena a una universidad catalana por una declaración política a favor de un consejero de CiU

El Tribunal considera que hubo vulneración de derechos fundamentales, como el de libertad ideológica

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la condena a la Universidad Politécnica de Cataluña, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales, como el de libertad ideológica y de expresión de sus profesores, cuando el claustro aprobó una declaración política contra el procesamiento del exconsejero de Economía, Andreu Mas-Colell. En el texto se denunciaba la «injusticia» de las actuaciones del Tribunal de Cuentas contra ex altos cargos del Govern que estaban siendo investigados por la política exterior de la Generalitat, entre ellos, Mas-Colell.

Con esta decisión, el Supremo ratifica el deber de neutralidad de las universidades públicas, como ya recogió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia condenatoria: «Las universidades públicas como Administración Pública institucional y, dentro de las mismas, el Claustro Universitario como órgano de gobierno representativo de una comunidad universitaria plural, no puede adoptar acuerdos que se tengan como voluntad de la Universidad y que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen a la ciudadanía».

Desde Universitarios por la Convivencia, la entidad que impulsó la demanda, han celebrado la «consolidación de la jurisprudencia en defensa de la neutralidad política de los claustros». Y recuerda que no es la primera vez que una universidad catalana es condenado por no respetar precisamente esa neutralidad. El TS ya confirmó otras condenas semejantes a las universidades Pompeu Fabra y Oberta de Catalunya, en estos casos en aplicación de la legislación electoral, «igualmente vulnerada por la aprobación de declaraciones políticas».

Universitarios por la Convivencia ha agradecido a los seis profesores de la UPC que llevaron la decisión del claustro a los tribunales, «su coraje y paciencia a la hora de defender las libertades de todos en el ámbito universitario frente a los abusos de las autoridades académicas». La entidad confía en que, «de una vez por todas, estas autoridades se tomen en serio los derechos fundamentales de sus profesores y alumnos y se abstengan de asumir posiciones políticas partidistas que nunca pueden ser las de una institución pública, por definición ideológicamente neutral, por definición garante de las libertades individuales de todas y cada una de las personas que las integran».