Los funcionarios reclaman a la Generalitat «contundencia» tras el asesinato de una cocinera en una cárcel

Los funcionarios de las prisiones catalanas ya lo llevaban advirtiendo desde hace tiempo: estos centros son un polvorín y cualquier día podría ocurrir una desgracia. Y la desgracia llegó esta semana. Un preso de Mas d'Enric (Tarragona) asesinó a una cocinera y posteriormente se suicidó.

Esta mañana los trabajadores están bloqueando los accesos a varias prisiones para impedir los cambios de turno como señal de protesta por esta muerte. También se llevarán a cabo concentraciones en 81 centros penitenciarios de toda España. Hay que tener en cuenta que desde 2017 las agresiones a funcionarios se han incrementado un 400% en Cataluña.

Nuria, la víctima, trabajaba desde 2015 en Mas d'Enric. Estaba en la cocina del centro junto a su presunto asesino, que era un preso de confianza, teniendo en cuenta que tenía acceso a utensilios de cocina, como cuchillos o tijeras. Se da la circunstancia de que este interno cumplía una condena de once años por asesinar a otra mujer a puñaladas. Seguía cursos de reinserción. Se investiga qué es lo que habría llevado a matar a Nuria

Pero este crimen ha sido la gota que ha colmado el vaso para los funcionarios de prisiones que piden que sea un punto de inflexión para que se garantice la seguridad de las personas que trabajan en los centros penitenciarios. El año pasado 582 funcionarios de prisiones fueron agredidos en las cárceles catalanas. O lo que es lo mismo, más de un trabajador es agredido cada día.

El responsable de prisiones del sindicato CSIF en Cataluña, Alberto Gómez, explicaba a El Debate, que una de las razones que explican esta situación es la política penitenciaria que está llevando a cabo la Generalitat y que da a los reclusos, a los agresores, la sensación de «impunidad». Para este funcionario, cuando algún preso comete una agresión, como sabe que no les supone «un incremento de penas y no hay una respuesta contundente por parte de la administración», no tienen propósito de enmienda.

Y tampoco, asegura, se les dota del material y de los medios adecuados. Recuerda que han pedido retiradamente durante los últimos meses que los funcionarios de prisiones pudieran utilizar aerosoles para defenderse, pero la consejería de Justicia no lo ha aceptado.

Y luego está el perfil de los reclusos de las cárceles catalanas que, según Gómez, tampoco ayuda: es un interno más joven, que está más radicalizado, y que «no acepta las normas, ni fuera, en la calle, ni desde luego, dentro». De ahí que en términos relativos, uno de los centros en los que más agresiones se producen es en el Centro de Jóvenes, en la Roca del Vallès (Barcelona).

También destaca la «gran cantidad de internos con patologías psiquiátricas que conviven en módulos ordinarios con el resto de la población reclusa». Desde el sindicato aseguran que «la ausencia de inversión en unidades de salud mental por parte de los departamentos de Justicia y el Instituto Catalán de la Salud es evidente».

Piden la dimisión de la consejera

Ante este panorama, han pedido la dimisión de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart, que aún no se ha pronunciado sobre posibles cambios en los protocolos de seguridad. Los funcionarios la acusan de vivir de «espalda a sus trabajadores» y de querer «blanquear la situación, intentar conseguir estadísticas favorables a su gestión, cuando estos números dicen lo contrario».

De momento, esta mañana funcionarios de prisiones bloquean los accesos a varias cárceles, como Brians, Quatre Camins o Lledoners, pero la protesta principal se lleva a cabo en Mas d'Enric. Allí un centenar de trabajadores han cortado el acceso con neumáticos y ramas. Llevan pancartas en las que se reclaman más justicia, más seguridad y más recursos. Se quejan también de que superan los 800 internos y debería ser una prisión de categoría 1 y no 2.

Las protestas se harán extensivas al resto de España. Habrá concentraciones este mediodía que empezarán con un minuto de silencio.