La oferta de alquiler se reduce un 13 % en Cataluña desde que la Generalitat anunció un tope

En plena precampaña electoral, la Generalitat anuncia que va a ampliar la lista de municipios que se van a incluir en las llamadas zonas tensionadas, es decir, aquellas en las que se podrá limitar el precio del alquiler. Para ello, el Govern va a empezar los trámites que afectarán a 131 localidades. De esta forma, Cataluña contará con 271 municipios donde se podrá aplicar ese tope de alquiler, o lo que es lo mismo, según ha destacado la consejera de Territorio, Ester Capella: afectará a más de siete millones de personas, el 90 % de la población.

Algunos de los municipios que se incorporarán a la lista son Viella, Borges Blanques, Cadaqués, Besalú, Sant Julià de Ramis, Montblanc, Altafulla, Cunit o Deltebre, por poner solo unos ejemplos. Para incluirlos, se han revisado los criterios, que se han ampliado, y ahora afectan a municipios de más de 2.000 habitantes y que no cumplan algunos de los requisitos que establece la Ley estatal para el acceso a la vivienda: que las familias dediquen más del 30 % de sus ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca y los gastos de suministros básicos; que el precio del alquiler o de compra de las viviendas se haya incrementado en los últimos cinco años al menos tres puntos por encima del IPC.

Lo cierto es que muchos de los municipios que ahora resultarán afectados no sabían que la Generalitat iba a dar este paso. Muchos alcaldes aseguran que se han enterado por la prensa. Lo cierto, es que la consejera de Territorio, Ester Capella, asegura que objetivo es «embridar» el mercado de alquiler, para que los precios no suban.

Menos oferta y suben precios

Fácil no lo va a tener el Govern, porque lo que ha provocado esta medida es que la oferta de alquiler permanente se haya reducido un 13 % en Cataluña, un mes después de que se aprobara el índice de referencia de precios. Así lo refleja un estudio del portal inmobiliario Idealista, que también refleja que la caída es generalizada en las cuatro capitales de provincia. En Gerona, por ejemplo, el número de pisos en alquiler se ha reducido un 21 %; en Tarragona ha bajado un 16 %; en Barcelona un 14 % y es en la ciudad de Lérida donde la caída ha sido menor, un 9 %. La oferta también cae a nivel provincial.

Del estudio también se desprende que la medida «no ha tenido efectos inmediatos» en el control de los precios de alquiler, puesto que en toda Cataluña han subido, de media, un 4,3 %. Destaca el incremento, una vez más, de Gerona, de la provincia, con un 6,4 %, seguida de Barcelona y un 0,4 % de Tarragona. La otra cara de la moneda es Lérida, donde los precios bajan un 0,8 %. En Barcelona ciudad los precios suben un 4,6 %, el mayor incremento de todas las capitales de provincia.

Está por ver si esta tendencia se consolida en los próximos meses, sobre todo en lo que respecta a la oferta, pero esta advertencia también la hacen, la llevan haciendo desde hace tiempo, los promotores catalanes. Desde la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña consideran que «intervenir en el mercado de renta acaba generando el efecto contrario». Así lo ha explicado a la agencia ACN el director general de la entidad, Marc Torrent, que, además, advierte de otros efectos, como un freno en el sector de la obra nueva y un menor mantenimiento del parque ya existente.

Torrent asegura que se basan en datos «constatados» en otros países y también en la experiencia de Cataluña «cuando se limitó el precio durante un año y medio». De hecho, ha recordado que entonces, los topes de precios, «no dejaron datos positivos». Por este motivo, ha pedido a las administraciones, tanto a la Generalitat como al Estado, que trabajen conjuntamente con el sector para «encontrar fórmulas para incrementar la oferta».

Recordemos que con la medida de la Generalitat, el alquiler de los nuevos contratos no podrá superar el precio del último contrato vigente los últimos cinco años, solo se podrá aplicar una cláusula de actualización anual de ese contrato. Y, además, los grandes tenedores (persona física y jurídica que posea cinco o más inmuebles ubicados en zonas consideradas tensionadas) no podrán alquilar las viviendas por un precio superior al índice de referencia del precio de alquiler.