Qué es la doctrina Torrent y cómo se ha utilizado en las elecciones catalanas

El conflicto político en Cataluña no es algo nuevo. A menos de un mes para el 12 de mayo, día en el que el pueblo catalán decidirá el rumbo del Parlamento para los próximos cuatro años, los candidatos juegan sus cartas para poder convertirse en el nuevo presidente de Cataluña.

Para comprender la doctrina Torrent, es necesario situarla en el contexto del proceso independentista catalán. Tras el fallido intento de secesión en 2017, la tensión política en la región era palpable. El Gobierno español había puesto en marcha el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo la autonomía catalana y aumentando el control directo de sus instituciones. En este escenario, el Parlamento de Cataluña, con una mayoría independentista, buscaba recuperar su capacidad de autogobierno y avanzar en su agenda política.

La doctrina Torrent, bautizada así por el nombre del ex presidente del Parlamento de Cataluña (ERC) y actual consejero de Empresa, Roger Torrent, marcó un episodio controvertido durante 2018. En febrero de ese año, la Mesa del Parlamento, presidida por el propio Torrent, tomó una decisión que desafiaría al Tribunal Constitucional. Admitieron a trámite una propuesta de resolución que instaba al gobierno catalán a iniciar un proceso de desobediencia civil a las leyes del Estado que consideraban contrarias a la voluntad del pueblo catalán.

Esta estrategia se basa en la interpretación del reglamento parlamentario para evitar que el tiempo de investidura corra sin que haya un candidato con los apoyos necesarios (68 escaños para la mayoría absoluta). Es decir, se trata de evitar dilaciones en el proceso y forzar a los grupos políticos a tomar decisiones concretas. En 2018, se utilizó para evitar que Carles Puigdemont retrasara aún más las elecciones, lo que puede ocurrir con Salvador Illa, candidato del PSC, y así impedir que el exministro, sin los suficientes apoyos, se presente como opción viable a la presidencia de Cataluña.

Repetir lo ocurrido en 2018

En definitiva, el objetivo principal de la doctrina Torrent es evitar que el tiempo de investidura corra sin que se presente un candidato con los apoyos necesarios intentando evitar un vacío de poder en Cataluña. En 2018, esta estrategia provocó una fuerte reacción por parte del Gobierno español, que la calificó de «golpe de Estado» y amenazó con intervenir nuevamente en Cataluña.

El Tribunal Constitucional, por su parte, declaró la doctrina inconstitucional, argumentando que violaba el principio de supremacía de la Constitución, que, más tarde, el TSJC perdonaría considerando que no hubo delito y absolviendo a Torrent y los miembros de la mesa .

Por ello, esta doctrina podría afectar a la posible investidura de Illa, si el actual presidente del Parlamento, Pere Aragonés, ejerce su autoridad para garantizar que el candidato del PSC no pueda ser investido si no cuenta con los apoyos necesarios. Si Illa no cuenta con el respaldo de la mayoría parlamentaria –una mayoría por ahora independentista– el presidente del Parlamento podría desplegar una ronda de contactos para evaluar las posibilidades de formar gobierno y evitar que el tiempo de investidura corra sin resultados.