Polémica sobre la financiación de Municipios por la Independencia: «Todos deberían hacer como Puigcerdà»

El pasado 16 de abril, el alcalde de Puigcerdà, Jordi Gassió, anunció en el pleno municipal que el ayuntamiento no iba a seguir pagando la cuota anual de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), una entidad secesionista creada en 2011 que agrupa más de 700 municipios y una cincuentena de entes locales en toda Cataluña. Gassió destacó que los servicios jurídicos del consistorio alertaron de que puede ser ilegal seguir pagando la cuota y que su equipo de gobierno quiere «hacer las cosas bien».

El alcalde también recordó que ha habido varias resoluciones judiciales anulando pagos a la entidad independentista. En concreto, la primera tuvo lugar en mayo de 2014, cuando el Juzgado Contencioso-Administrativo 1 de Gerona daba la razón a la Delegación del Gobierno en Cataluña en el recurso que interpuso contra la decisión del Ayuntamiento de Garriguella de pagar 75,50 euros a la AMI en concepto de cuota anual, con la intención de que sirviese de precedente.

La decisión de Gassió y su equipo de gobierno ha vuelto a poner sobre la mesa la polémica en torno a los más de 700 entes públicos catalanes que pagan anualmente a la AMI entre 75 y 3.900 euros, pese a la existencia de estas sentencias individuales. «Desde el punto de vista jurídico –analiza Gabriel Capilla, profesor de Derecho Administrativo de la Universitat Abat Oliba CEU– los efectos de una sentencia no pueden repercutir en otros ayuntamientos, como sí ocurre en algunos casos en materia tributaria».

No obstante, para Capilla los ayuntamientos que no estén involucrados directamente en un proceso judicial al respecto sí tienen una responsabilidad «ética, política e incluso estética». «Desde el punto de vista de oportunidad, de buena administración, de rigor y responsabilidad, obviamente, los ayuntamientos deberían dejar de pagar la cuota de oficio, como ha hecho Puigcerdà», analiza el experto, para quien el punto clave aquí sería el «destinar dinero público a unas finalidades diferentes de las del correspondiente interés general».

La respuesta de la AMI

Por su parte, desde la AMI defienden que la asociación «está legalmente constituida», y que, por tanto, los pagos de las cuotas anuales son legales. Las fuentes consultadas de la entidad, no obstante, no pueden precisar qué tanto por ciento de los ayuntamientos adheridos pagan la cuota: «Es un número variable y bastante fluctuante, y además ahora acabamos de emitir las cuotas del año, falta saber cuántos van a pagarlas», dicen.

Sobre el caso de Puigcerdà, desde la AMI señalan que no tienen constancia oficial del acuerdo del pleno municipal, y que –por lo que a ellos respecta– la capital de La Cerdaña sigue formando parte de la asociación. Respecto a las sentencias a las que se refería el alcalde Gassió, precisan que se trata de sentencias «que hacen referencia a un año concreto o a una cuota en concreto», y no en general.